El próximo lunes, a las cinco de la tarde, caerá la última barrera para la comunicación por autovía entre Asturias y Galicia. El Ministerio de Fomento oficializará la apertura al tráfico del tramo Otur-Villapedre, el último pendiente de la Transcantábrica en el occidente asturiano. El acto de inauguración del trecho de autovía de 9,3 kilómetros declarará finalizado un largo y azaroso camino de más de catorce años, incluido un cambio de trazado inducido por el conflicto judicial que plantearon y ganaron los vecinos de Otur, disconformes con el itinerario original, que, a su juicio, partía el pueblo en dos. La necesidad de trasladar el paso de las calzadas más al Sur de lo programado, pegadas a la falda de la montaña, alargó el proceso que está a punto de concluir con la apertura definitiva del paso entre los concejos de Valdés y Navia.

Los trabajos cumplieron los últimos plazos previstos, sobre todo en el punto más conflictivo y complejo del trayecto, el gran viaducto de El Bao, donde la intensidad de los trabajos consiguió conectar las dos vertientes el pasado mes de septiembre y allanar esta apertura al tráfico antes de la finalización del año 2013.

Cuando la autovía quede completa por el Occidente ya sólo quedará el obstáculo, más complejo, que sigue levantado al Oriente, el tramo Pendueles-Unquera. Este punto del recorrido ha recibido un nuevo aviso de retraso, al menos hasta mediados de 2015, como consecuencia del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por FCC Construcción, una de las dos empresas adjudicatarias de la obra, y que afecta a diecisiete trabajadores de la obra de la autovía. La compañía y los sindicatos llegaron ayer a un acuerdo para reducir el número de despidos previsto en toda España, aunque se desconoce en qué medida afectará a los trabajos en la Transcantábrica. El compromiso rebaja los despidos totales de 1.267 a 875, que entran a formar parte de una «bolsa» que la compañía tiene la potestad de distribuir en función de sus necesidades de aquí a junio de 2015. El acuerdo de ayer, que hoy será sometido a la consideración de los trabajadores en todo el país, es análogo al planteado el pasado mayo y garantiza unas indemnizaciones de 31 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades y 150.000 euros, con una remuneración adicional de 5.000.