La Camocha no es la única empresa envuelta en un presunto fraude minero. Media docena de empresas leonesas respiran tranquilas. Al menos de momento. La Audiencia Nacional ha sobreseído -provisionalmente, eso sí- del proceso que se había impulsado contra doce empresarios del sector minero y contra seis compañías por un supuesto fraude en torno al cobro de las ayudas a la producción de carbón. El motivo, "la imposibilidad" de comprobar las cantidades reales de carbón producidas, vendidas a térmicas o quemadas, algo que resultaría fundamental para determinar la culpabilidad o no de las empresas investigadas.
En julio del año 2013, el Juzgado de primera instancia e Instrucción número 5 de Ponferrada abría una investigación, tras una denuncia de la Fiscalía, contra las empresas Carbones Arlanza, Alto Bierzo, Unión Minera del Norte (Uminsa), Hullera Vasco-Leonesa, Hijos de Baldomero García y Coto Minero Cantábrico (CMC). El objeto era el de averiguar si estas compañías estaban logrando subvenciones o ayudas públicas a raíz de falsear los datos para cumplir condiciones requeridas para la concesión de ese dinero.
Ahora, la Fiscalía, en el escrito remitido a la Audiencia Nacional, muestra su sorpresa con el descontrol que entiende que existe en el sector minero. El Ministerio público destaca la falta de control en la verificación, por parte de las administraciones, del carbón producido, el enviado a las térmicas o el importado. El documento indica que esta situación ha provocado un "limbo" en el que se antoja imposible determinar las cantidades reales de mineral que las empresas investigadas movían.
El documento indica que hay numerosas cifras en torno a las toneladas de carbón producidas o importadas que no son exactas, sino que se basan en estimaciones. Además, pone de manifiesto que los márgenes de tolerancia en lo que respecta al carbón subvencionable han alcanzado en ocasiones hasta el 35 por ciento, lo que hace realmente complicada la labor de concretar la cantidad de mineral extraída, y por lo tanto, subvencionable.
Este hecho provoca que los investigadores no puedan determinar de una forma ajustada el volumen de mineral ni el destino que cada una de las compañías había dado a su carbón. Éste es fundamentalmente el motivo por el que el Ministerio Fiscal ha acordado el sobreseimiento del proceso: "La imposibilidad de establecer la veracidad o falsedad de las afirmaciones por las empresas mineras subvencionadas respecto a las cantidades de carbón que realmente fueron extraídas".
El de estas seis empresas mineras no es el único fraude con las subvenciones al carbón que se ha investigado e incluso juzgado. En Asturias, el de la mina de La Camocha fue el más sonado. El supuesto fraude se remonta a los años 1998 a 2000 y ha sido valorado en 17,09 millones de euros. El 'modus operandi' era, eso sí, diferente. Las investigaciones se centraron en la mezcla de carbón importado o de minas de cielo abierto con la producción de la explotación gijonesa, que lo vendía, supuestamente, como propio a la central térmica de Aboño.
El pasado junio, la Audiencia Provincial anulaba el primer juicio al entender que la jueza del caso no fue parcial. Ahora, el titular del Juzgado de lo penal número 2 de Gijón, Luis Ortiz Vigil, se pronunciará sobre si el caso del supuesto fraude de subvenciones en Mina La Camocha está prescrito o no antes de proseguir adelante con la vista oral del segundo juicio, que se inició a primeros de mayo.
