«Asturias es una de las regiones mejor tratadas por el sector público español, hasta extremos poco razonables»

-Usted afirma que no queda más remedio que aplicar los duros recortes anunciados por el presidente del Gobierno. ¿Servirán para reactivar la economía?

No. Más bien al revés, seguramente hay un riesgo elevado de que muchas de estas medidas reduzcan el consumo y alarguen la recesión. Pero no se toman para estimular la economía sino porque es urgente reducir el déficit público. No podemos estar mucho tiempo con déficits cercanos al 10 por ciento del PIB y menos aún con unos mercados financieros tan nerviosos como los actuales, que sólo nos prestan dinero a precios muy elevados. Por lo tanto, hay que recortar gastos y/o subir impuestos y tasas.

-Subir los tipos de IVA u otros impuestos no implica recaudar más.

Eso es bastante discutible. Normalmente, cuando se suben los tipos se recauda más. Es verdad que si llevas las cosas al extremo puede pasar lo contrario, en parte a través de un aumento del fraude y en parte a través de una caída del consumo, pero yo creo que estamos lejos de haber alcanzado ese punto.

-¿Está España intervenida, si no de forma oficial sí de facto?

El mundo no es blanco o negro, sino lleno de tonos distintos de gris. Cuando entramos en la Unión Europea renunciamos a una buena porción de nuestra soberanía económica. Esto ha ido a más desde entonces con la reforma de los tratados, la creación del euro, etcétera, y nunca nos ha parecido mal. Ahora pedimos ayuda y nos ponen condiciones. Si lo llamamos intervención suena feo, pero es posible que nos venga bien que nos empujen un poco desde fuera para hacer ciertas reformas que necesitamos en cualquier caso. Un buen ejemplo son las pensiones. Hace tiempo que sabemos que había que reformar el sistema, pero la cosa solamente se puso en marcha cuando el Gobierno anterior se vio entre la espada y la pared.

-El Ejecutivo no sólo rechazó compartir con las comunidades autónomas el punto de déficit que España logró arrancar a Bruselas, sino que las fuerza a recortar más para acelerar la reducción del déficit. ¿No debería haber sido más flexible?

El reparto del margen adicional de déficit tendrá que negociarse. Tengo la impresión de que el Gobierno central se resiste a ceder de entrada porque no quiere que las regiones se relajen ahora, que parece que por fin se están poniendo a recortar, y preferiría guardarse un cierto margen para compensar ex post posibles desviaciones tanto autonómicas como estatales que, visto lo visto, no serían ninguna sorpresa. Yo haría lo mismo.

-Las autonomías tienen que recortar gastos. ¿En qué partidas se debería de incidir?

Me temo que habrá que tocarlo prácticamente todo pero, por supuesto, convendría empezar por eliminar todo lo superfluo. Así a bote pronto, yo diría que casi todas las televisiones autonómicas (y desde luego la nuestra) son perfectamente prescindibles. También sobran muchas embajadas autonómicas, se podrían eliminar un montón de subvenciones de carácter dudoso y algunos organismos regionales que duplican sin necesidad las funciones de otros estatales, como los defensores del pueblo. En algunos sitios parece que había más coches oficiales de lo razonable o demasiados gastos en viajes de carácter más bien lúdico? En fin, hay un montón de cosas inútiles que seguramente habría que eliminar, pero no bastará con eso. Habrá que recortar gastos en materias sensibles e importantes.

-Sanidad y Educación concentran la mayor parte del gasto autonómico.

Precisamente porque concentran el grueso del gasto autonómico va a ser inevitable reducir el gasto en estas partidas u obtener más recursos vía tasas (el famoso «copago»). Si no, no llegamos. Y yo creo que también aquí hay margen para ahorros razonables que permitan mantener un servicio de calidad en condiciones equitativas para los ciudadanos. Por ejemplo, en algunos sitios los libros de texto o las comidas escolares eran gratis para todos, pero esto no es necesariamente razonable. Lo mismo pasa con las comidas en los hospitales o con las medicinas de los jubilados. Hay mucha gente que se puede pagar estos servicios y no tiene sentido regalárselos. Otros no, y a ésos es a los que hay que proteger especialmente.

-¿Y en Educación?

Los resultados académicos no dependen primordialmente del volumen de gasto. El que en un aula pueda haber 35 o 40 estudiantes en vez de 30 no tiene por qué ser una tragedia.

-¿Hay otras alternativas?

No. Puestos a recortar gastos, es inevitable entrar en las partidas más gordas.

-¿Tendrán las autonomías que subir más sus impuestos?

Las autonomías tendrán que escoger la combinación de subidas de impuestos y recortes de gasto que consideren menos mala en cada caso. Pero tienen que asumir de una vez su mayoría de edad fiscal y dar la cara ante sus ciudadanos. En muchos casos, eso supondrá subir sus impuestos y explicar a los votantes por qué lo hacen.

-Se llegó a hablar hace un par de años de que las comunidades debían crear nuevos tributos para incrementar sus ingresos.

Con la posible excepción de tasas medioambientales, es difícil pensar en cosas potencialmente gravables que no estén ya gravadas. Los nuevos impuestos que han creado algunas comunidades (por ejemplo, sobre fincas rústicas no explotadas) han sido casi anecdóticos. No creo que veamos muchas novedades en esta línea. Pero no hace falta inventar impuestos nuevos, las comunidades autónomas tienen mucho margen para subir o bajar los tipos en los impuestos que tienen ya cedidos total o parcialmente.

-Usted es crítico con las reivindicaciones de Cataluña, donde sus partidos políticos denuncian un «expolio fiscal» desde Madrid. ¿Paga más de lo que recibe?

Vayamos por partes. Es verdad que los residentes en Cataluña, en promedio, pagamos más en impuestos estatales de lo que recibimos de vuelta de la Administración central por diversas vías. Pero es lógico, porque somos una comunidad con un nivel de renta elevado dentro de España. Yo también pago bastante más en impuestos a la Generalitat de lo que recibo en servicios autonómicos y por la misma razón, porque tengo una renta superior a la media. Por lo tanto, el déficit fiscal catalán (que ciertamente existe, aunque es muy inferior al madrileño, por ejemplo) no es el resultado de ningún «expolio», sino de la deseable redistribución de la renta desde los que más tienen hasta los más necesitados.

-¿Es insolidario el sistema actual con Cataluña?

No, aunque con ciertos matices. Hasta la última reforma, Cataluña estaba ligeramente por debajo de la media en términos de financiación por habitante o por habitante ajustado. Por lo tanto, sí tenían un cierto motivo de queja, aunque limitado porque estamos hablando de dos o tres puntos porcentuales. Otras comunidades, incluyendo Baleares, Valencia y Madrid, estaban bastante peor tratadas y daban bastante menos murga. En cualquier caso, con la última reforma del sistema, Cataluña ha pasado a estar por encima de la media (unos cuatros puntos con datos de la última liquidación disponible), así que ya no tienen, a mi entender, un motivo legítimo de queja en lo que respecta al sistema de financiación. En materia de inversión en infraestructuras, habría más que hablar, pero ése es otro tema y cuantitativamente mucho menos importante.

-Los partidos de corte nacional se han sumado a las reivindicaciones y al discurso de los nacionalistas catalanes. ¿Es quizá consecuencia de la crisis?

Con matices, pero sí, lamentablemente parece que tanto socialistas como populares han comprado parte de la reivindicación nacionalista de un sistema «singular» que mejore sustancialmente la financiación catalana y reduzca la aportación de la región a lo que ellos llaman la «solidaridad» interterritorial. Esto es especialmente cierto en el caso del PSC, pero hace ya tiempo que el PSC se ha convertido en la práctica en un partido nacionalista y poco más (para disgusto de buena parte de sus bases y potenciales votantes). Últimamente, sin embargo, el problema parece estar empezando a afectar también a la rama local del PP. Es posible que sí, que la crisis tienda a reforzar el impulso digamos egoísta de no querer repartir con otros, pero no creo que el problema venga sólo de ahí. Los nacionalistas llevan décadas haciendo demagogia con esto y les está funcionando. La cosa ha ido calando ante el silencio irresponsable de los sucesivos gobiernos españoles y de los grandes partidos nacionales, que nunca han salido a responder a las falacias nacionalistas con datos y argumentos.

-El Gobierno catalán acaba de reclamar que las comunidades autónomas se puedan beneficiar de la subida del IVA.

Tal como yo la interpreto, la actual ley de Financiación dice que el 100% del incremento de recaudación derivado de una subida de los tipos del IVA irá a las arcas del Estado y no beneficiará por tanto a las comunidades autónomas. Esto se produce de una forma un tanto enrevesada: comenzando el año próximo, las regiones recibirán en efecto el 50% de la recaudación total del impuesto, lo que supondrá mayores ingresos, pero a cambio su fondo de suficiencia se reducirá en la misma cuantía, de forma que los dos efectos se compensen.

-¿Es esto razonable?

Yo diría que no, en parte por lo retorcido y opaco del sistema, pero tampoco sería razonable que el Estado sea el que se moje subiendo los tipos del IVA y que las comunidades se beneficien de mayores ingresos sin tener que dar la cara ante sus votantes. Lo razonable sería desdoblar el IVA en dos tramos separados, uno estatal y otro autonómico, y que cada Administración suba o baje el suyo como considere oportuno. Por razones técnicas y por imposición de la Unión Europea, el tipo del tramo autonómico tendría que ser el mismo en toda España, así que la decisión de subirlo o bajarlo tendría que tomarse de forma colegiada por todas las autonomías (o una mayoría de ellas). En mi opinión, las regiones deberían disponer de ese instrumento, pero tendrían que dar la cara si deciden usarlo y no esconderse detrás del Estado, que es lo que siempre han hecho y lo que les pide el cuerpo a casi todas.

-Los catalanes pagan más impuestos autonómicos que el resto de las comunidades. ¿Quizás el problema sea más de gestión que de escasos ingresos?

Una mayoría de tus ciudadanos puede estar contenta con impuestos más altos que en otros sitios si a cambio tiene mejores servicios o más redistribución. El problema es que no está del todo claro que éste sea el caso aquí. Mi impresión es que esos impuestos extra lo que financian es un gasto de carácter identitario que no aumenta el bienestar de muchos de los que vivimos aquí, más bien al revés (aunque sí el de otros a los que les gustan estas cosas y son más disciplinados en el voto).

-Asturias es una de las comunidades autónomas en las que también se pagan más impuestos y también defiende un modelo solidario. ¿Dónde están las diferencias entre Cataluña y el Principado?

En todos los sitios cuecen fabes, y en mi casa a calderades. A muchos asturianos les encanta quejarse tanto o más que a los catalanes y se sienten maltratados por el Estado. Y tienen todavía menos razón que éstos porque Asturias es una de las regiones mejor tratadas por el sector público español, hasta extremos muy poco razonables. En financiación siempre hemos estado por encima de la media, tenemos una población muy envejecida con unas pensiones muy altas que no se podrían pagar sin la caja única de la Seguridad Social, en materia de infraestructuras seguramente se ha gastado más de lo razonable en las últimas décadas (incluyendo una ampliación de El Musel que no tiene mucho sentido, un AVE en construcción condenado a ser eternamente deficitario y un hermoso túnel vacío que atraviesa Gijón de punta a punta). Y luego está el carbón. Igual que los vascos tienen el cupo, nosotros hemos tenido las subvenciones al carbón, que son completamente injustificables.

-Cataluña reclama ser como el País Vasco y Navarra. Supongamos que se le concede. ¿Qué consecuencias tendría?

Al día siguiente lo pedirían Madrid y Baleares y luego Aragón. Al final tendríamos un Estado completamente disfuncional, inmanejable y sin un duro para garantizar un nivel aceptable de servicios públicos en las regiones más pobres. Sería un desastre.

-¿Qué le parece el recorte del 30% en el número de concejales?

No me parece mal. Seguramente con un 30% menos, aún tenemos suficientes concejales para asegurar la proporcionalidad en la representación y para que se repartan el trabajo que tienen que hacer de una forma razonable. Algo se ahorrará, pero poco, en parte porque muchos concejales no cobran o cobran sólo dietas. Es más un gesto que otra cosa.

-¿Hay que reducir el número de ayuntamientos en España?

Sería bueno, pero es muy difícil administrativamente y porque a la gente no le gusta la idea de perder su «identidad municipal». De todas formas, la mayor parte del ahorro posible se puede obtener por otras vías. Una es la que parece que el Gobierno está considerando en estos momentos: hacer que sean las diputaciones las que presten servicios en municipios pequeños para así explotar las posibles economías de escala. De todas formas, los posibles ahorros tampoco van a ser espectaculares.

-¿Está de acuerdo con la limitación en los sueldos de los altos cargos públicos?

Con algún tipo de limitación o de baremo, sí. Pero creo que el principal problema en este sentido es que los sueldos de los altos cargos públicos son demasiado bajos. Tan bajos que resulta muy difícil atraer a gente razonablemente capaz porque ganan mucho más en el sector privado, o que generan incentivos casi irresistibles a buscar ingresos complementarios por vías poco sanas. Mala idea en cualquier caso.

-Usted es funcionario, ¿le indignan las medidas anunciadas por el Gobierno?

En absoluto. Hay que repartir los costes y nosotros somos casi los únicos en este país que sabemos con cierta seguridad que nuestros empleos no corren peligro inminente. A largo plazo, sin embargo, lo dicho arriba se aplica aquí también en la parte alta de la pirámide. Si queremos buenos altos funcionarios, hay que pagarles razonablemente bien.

-El empleo público se ha incrementado un 10 por ciento en los últimos cuatro años, en plena crisis. ¿Cómo se explica y se justifica?

Entre mi lista de cosas a hacer está buscar información sobre esa variable, pero todavía no me he puesto. Me gustaría ver de dónde sale ese dato y mirar con cuidado la letra pequeña porque en principio no me cuadra con las limitaciones a la oferta de empleo público que hemos tenido en los últimos años, a pesar de la inercia que llevan estas cosas. Si es verdad, me parece muy preocupante. Habría que pensar sobre qué falla en un sistema que permite ampliar plantillas en administraciones que tenían que ser conscientes de la necesidad de fuertes recortes.

-¿Es eficiente el funcionariado español?

¿Y los periodistas, o los empleados de banca? Supongo que habrá de todo. Yo conozco a muchos que sí, y a alguno que deja bastante que desear.

-Si usted tuviera que hacer recortes en este campo ¿qué propondría?

Tengo la sensación de que podríamos arreglarnos con bastantes menos funcionarios, aunque habría que mirar cada caso con cuidado. Empezaría por intentar enviar los efectivos disponibles a los sitios donde realmente se les necesita, cerrando o reduciendo algunos organismos o servicios que seguramente están sobredimensionados, en buena parte debido al traspaso de competencias a las autonomías.