Los muros alambrados ensombrecen un tercio del patio del módulo 1 de Villabona, por el que da vueltas César Santiago Ruisánchez a las once de la mañana del primer día soleado de marzo. «En ocho meses, salgo», repite, con una sonrisa, este riosellano que ingresó hace más de 12 años en el centro penitenciario por secuestrar a punta de pistola al dueño de un casino zaragozano, introducirlo en un coche y obligarle a que se lanzara en marcha durante la posterior persecución policial. Tiempo suficiente para ser testigo de los importantes cambios que ha experimentado la población de la cárcel, mucho menos masificada y con un notable incremento de reos con penas cortas. «Estoy rehabilitado, de eso no tengo duda», apunta el hombre, uno de los 450 internos, de un total de 1.400, que se benefician de las tres unidades terapéuticas educativas (UTE), envueltas ahora en la polémica tras la eliminación de trabajadores en comisión de servicios impuesta por el Ministerio, que algunos colectivos y partidos han interpretado como un intento de acabar con estos programas voluntarios de reinserción, surgidos en Asturias en 1994 para favorecer la desintoxicación de drogodependientes y que se han extendido a otras regiones. Una acusación que niega el director del penal, Esteban Manuel Suárez. «Este modelo no está cuestionado, seguirá adelante», sentencia.

Santiago Ruisánchez está encantado con los progresos conseguidos en la UTE I, formada por los internos de los módulos 1 y 2 que han optado por integrarse en la unidad, a cambio de cumplir unas estrictas normas de comportamiento. Porque las condiciones para recibir ayuda requieren de una serie de compromisos previos.