Marcos Loredo es un aguerrido defensor de la mediación como alternativa a los juzgados para la resolución de conflictos. El procesalista ha participado en varias investigaciones que evidencian el éxito de esta práctica incluso en procesos de violencia de género y, por eso, apoya un cambio normativo en España que permita el desarrollo de técnicas como el método colaborativo, implantado en otros países y que favorece el acuerdo entre dos partes enfrentadas gracias a la participación no sólo de un mediador, sino también de abogados y otros técnicos, como psicólogos o terapeutas, lo que refuerza la posición de ambas en la negociación y permite satisfacer todos sus intereses. En la misma línea, considera que las nuevas tasas judiciales, que se empezaron a aplicar hace dos días, no son necesariamente negativas. «En el caso de que no supongan una carga económica abusiva, pueden ser un perfecto elemento disuasorio para que los ciudadanos busquen otras vías para acabar con un conflicto de intereses», explica.

«La mediación no sólo puede ser un instrumento para rebajar la saturación de muchos juzgados, sino que también permitiría crear una nueva cultura del acuerdo que reserve la vía judicial sólo como última alternativa», sostiene. «La reciente ley de mediación civil, aprobada en julio, es un paso importante en este sentido, pero aún tenemos mucho camino por recorrer», comenta el investigador, que hace unas semanas inició, junto a su compañera Manuela Rodríguez, un programa destinado a introducir estas técnicas en el ámbito penitenciario, entre presos del módulo 9 de la cárcel de Villabona. «Por el momento, estamos encantados con el desarrollo. Es una prueba más de que las personas podemos arreglar nuestros enfrentamientos sin necesidad de que un tercero dicte sentencia», concluye.

La predisposición de Loredo a relegar la vía judicial explica su posicionamiento en relación a la intensa polémica levantada en círculos jurídicos por las nuevas tasas impuestas por el Gobierno, que han entrado en vigor con cuantías menores a las anunciadas en un principio por el ministro Alberto Ruíz-Gallardón, debido a las intensas protestas. «Puedo entender que algunos colectivos se sientan agraviados porque esta medida hará descender el número de litigantes, pero también entiendo que estos tributos pueden ser un acicate para incrementar la mediación, el arbitraje y la conciliación», sostiene. «Si las cuantías no son excesivas, serán una solución en este sentido», añade. Además, evidencia que las cargas de reciente creación «no van a ser precisamente las más elevadas a la hora de afrontar un juicio». «¿Está justificado el gasto que supone un procurador?», se pregunta. «Alguna propuesta, sugerida recientemente por prestigiosos juristas, va en la dirección de que el demandado asuma el pago de las tasas para oponerse a la demanda si se niega a participar en una mediación o ésta no culmina en acuerdo. Me parece buena idea», remata. No obstante, entiende que algunos aspectos relativos a las tasas pueden ser contraproducentes. «Es innegable que no introducen seguridad jurídica, sino todo lo contrario, ya que La existencia de evidentes errores en técnica legislativa provocarán que cada juzgado pueda interpretar algunas cuestiones de forma distinta», dice.

Idéntico tono moderado emplea para referirse a las ejecuciones hipotecarias, el otro asunto candente para el colectivo de togas desde la reciente sentencia del Tribunal Europeo en favor de un afectado por el desahucio de su casa. «Tampoco en este asunto es conveniente caer en posiciones extremistas», afirma. «Por una parte, es necesario tener en cuenta que el porcentaje de créditos hipotecarios impagados está por debajo del diez por ciento y, por otra, que existen unas garantías que permiten al español medio adquirir una vivienda», añade. Y advierte de que «si reducimos de manera drástica los actuales privilegios del acreedor, serán los bancos los que endurezcan otras condiciones, como incrementar el número de avales necesarios». «Es cierto que existen cláusulas que pueden considerarse abusivas y que, por tanto, tenemos que eliminar, pero también es cierto que la dación en pago de forma generalizada no es una solución para todos los supuestos», finaliza.

Como investigador, Loredo cerró hace unos meses su participación en un proyecto conjunto con profesores de la Universidad de Santiago de Compostela y otras instituciones españolas para analizar la reacción institucional ante la violencia de género. El asturiano realizó un estudio de campo con los datos que le facilitaron los responsables del Programa de Intervención para Agresores (PRIA) destinado a condenados que no han entrado en prisión y que se sometían a una terapia grupal consistente en una sesión semanal de dos horas y media durante medio año más tres meses de seguimiento. «Los resultados de esta práctica fueron excelentes. El índice de reincidencia entre los que finalizan el programa es prácticamente nulo, lo que evidencia que el maltrato es una conducta aprendida y que, del mismo modo, y concurriendo determinadas circunstancias, se puede modificar», subraya.