Benito Arruñada (Vegadeo, 1960), catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, se muestra extremadamente crítico con la regulación laboral española y con la "timidez" con la que se han hecho las reformas, que en su opinión no han sido tan duras y se han quedado cortas. Su último libro, "Empresa, mercado e instituciones", está considerado por los expertos como un exitoso manual universitario. Investigador de reconocido prestigio internacional, este economista asturiano se graduó por las universidades de Oviedo y Rochester, y fue profesor titular y catedrático en las universidades de Oviedo y León y en la Escuela de Derecho de Harvard. También ejerció la docencia en las universidades galas de la Sorbona y Nanterre, además de en la Autónoma de Madrid y en la Pablo Olavide. Arruñada ha sido presidente -y miembro del consejo fundacional- de la International Society for New Institutional Economics (ISNIE), sociedad científica interdisciplinar promovida por los premios Nobel Ronald H. Coase y Douglass C. North y cuyo fin es explicar la razón de ser de las instituciones, su origen y sus objetivos, los fines a los que sirven y su evolución. Y no le gusta la reforma tributaria del comité de expertos "fichado" por el Gobierno.

-En el año 2012 pronunció una conferencia en la Universidad de Oviedo titulada "La crisis española: de las nubes a un laberinto de túneles". ¿Se ha salido ya a la superficie?

La metáfora del túnel es muy engañosa, porque da la impresión de que hay un camino y la salida está garantizada, cuando en realidad hay muchos caminos, todos dolorosos, y si elegimos el más fácil, lejos de salir nos meteríamos en un pozo, como Argentina y Venezuela.

-¿Pero salimos ya de la crisis o no?

Da la impresión de que hemos salido de las dificultades, pero no podemos echar las campanas al vuelo. Cabe la posibilidad de volver a una situación parecida a la de hace dos años.

-¿Sólo los datos macroeconómicos son buenos?

La macroeconomía se ha tranquilizado, pero nadie puede decir que siga así, porque no depende de nosotros, sino de los países europeos más fuertes y de los desequilibrios propios de España: el déficit, la deuda pública insostenible...

-El FMI dice que hay que bajar los salarios y la Comisión Europea que las cotizaciones sociales. ¿Con qué se queda?

Probablemente habrá que hacer las dos cosas, bajar los salarios y la cotización social, pero esto debe acompañarse de una subida del IVA.

-Eso supondrá reducir más el consumo.

Sí, pero como no vamos a salir es consumiendo por encima de nuestras posibilidades. Eso es inasumible. Los argumentos keynesianos ingenuos son muy populares porque son recetas agradables. Pero no los hace más sólidos ni más efectivos. En los primeros años de la crisis se aplicaron esas políticas, negando la crisis y aumentando el gasto público. Perdimos dos años que ahora, en términos de competitividad, hemos tenido que recuperar.

-La propuesta del comité de expertos "fichado" por el Gobierno defiende bajar el IRPF para estimular el consumo y subir el IVA para compensar las pérdidas en la recaudación.

Tengo que estudiar más la propuesta, pero a primera vista me ha decepcionado. Creo que no responde a la necesidad fundamental del país, que es la lucha contra el paro. Me parece que responde a tintes más electoralistas.

-¿Por qué?

Habla de la devaluación fiscal, que consistiría en elevar impuestos indirectos y reducir el impacto en el trabajo, en las cotizaciones sociales, pero ¿cuándo? Más adelante. El problema del paro es urgente ¿Por qué no se generaliza el IVA al 21%? ¿Por qué hay que proteger al que tiene un bar o un hotel y no al resto de profesionales? Pero vale, demos por supuesto que con estas medidas se consigue, como dice el documento, incrementar los ingresos. ¿Por qué no dedicamos ese dinero a reducir las cotizaciones sociales para que cuanto antes se empiece a crear empleo? Otra cosa: en ningún sitio se habla de reducir gastos.

-Resumiendo...

Da la impresión de que son medidas políticas y pensadas en un contexto electoral: no se reduce el gasto, se subordina la reforma más necesaria -la reducción de las cargas sociales- y se hace un tratamiento del IVA desigual y sin justificación, en lugar de ir a un sistema uniforme en el que todas las actividades productivas sean iguales.

-¿Qué reforma fiscal haría usted?

Hay que reducir los impuestos sobre el trabajo. Un país que está en la situación en la que estamos, no debería gravar el trabajo. Es una lacra. El sector público tiene déficit y una deuda insostenible, así que habrá que subir los impuestos sobre el consumo.

-Ya se subió el IVA.

Sí, de manera muy modesta. Hay que generalizar el tipo máximo a productos a los que ahora se les aplica el reducido y el superreducido. Sin excepciones. Y el impuesto sobre la renta es muy desincentivador, porque es progresivo muy pronto.

-Dice usted que la propuesta del comité de expertos no se refiere al recorte de gastos. Ya se han hecho ajustes duros.

No lo han sido tanto. Los costes laborales unitarios cayeron entre un 7% y un 8%. Pero del año 2000 a principios de la crisis habían subido un 22%. En términos de competitividad estamos aproximadamente en tiempo cero, y ahora hay que seguir para empezar a mejorar.

-¿Son suficientes las reformas que se han hecho?

Han sido relativamente suaves, moderadas y dosificadas.

-Se han bajado los salarios, se ha recortado el gasto público...

La pregunta es por qué con salarios tan bajos, y si somos tan productivos y tenemos la generación mejor formada, ningún empresario quiere contratar y prefiere instalar tecnologías intensivas en capital. Pues eso ocurre porque con el tipo de relaciones laborales que tenemos no resulta rentable contratar a trabajadores.

-Por eso se habrá hecho la reforma laboral y se han implantado incentivos a la creación de empresas y a la contratación.

Nos tenemos que dejar ya de esquizofrenias. Con una mano se hace imposible crear empresas y dejarlas que se puedan organizar libremente, y encima, si ganan dinero, las machacamos a impuestos. Y en una segunda fase, montamos otra oficina para que se creen empresas. Esto sólo beneficia burocracias inútiles. Las cosas son más simples y lo que hay que hacer es reducir al máximo las dos burocracias y dejar que funcione el mercado. El problema es que el negocio está en prohibir y luego subvencionar para hacer lo contrario. De esto sabe mucho Asturias.

-¿Por qué?

Porque no es una región sostenible, sino profundamente subvencionada. La minería del carbón, por ejemplo, no es rentable desde hace décadas y se la sigue manteniendo. ¿Y por qué no se apuesta de verdad por la actividad productiva? ¿Por qué nos gastamos más de medio millón de las antiguas pesetas por cabeza en perforar Pajares para que pase el AVE, cuando se sabe que no va a ser rentable ni para su mantenimiento? ¡Si los números dicen que no lo va a ser ni siquiera el de Madrid-Barcelona! No tenemos dinero y nos endeudamos hasta los ojos en hacer cosas que no son actividad productiva. Pero ese es otro asunto.

-El Gobierno apuesta por el emprendimiento y aumenta el número de autónomos...

Los autónomos suben porque el derecho laboral que nos hemos dado es insostenible, porque hace imposible la contratación y provoca dos efectos. Uno, que el empleador procura arreglarse con máquinas para evitar "casarse" con su empleado. Y dos, que se buscan otras fórmulas contractuales que no tengan los inconvenientes de una relación laboral superregulada. Por eso se establece la mercantil: usted se hace autónomo y cobra como tal y no tengo problemas. Cuando se habla de la dualidad del mercado laboral no nos referimos sólo a los fijos y los temporales, que es grave y muy injusto. También está la dualidad encubierta, que son los trabajadores que están como autónomos por un marco laboral primitivo que consigue lo contrario de lo que persigue: en lugar de proteger al trabajador, acaba con el empleo.

-Usted ya se mostró a favor del contrato único.

Hay que ir a una contratación más libre. Apoyé en su día el contrato único porque era mejor que la situación real. Pero aun así es muy rígido, porque establece unas pautas obligatorias que no tienen razón de ser. La gente debe ser más libre para contratar en las condiciones laborales que desee. Es así como desaparecerá el paro, o al menos se reducirá a tasas mínimas, y se conseguirán unos contratos que incentiven a los trabajadores y a los empleadores para que inviertan en capital humano.

-Los contratos temporales ya son muy flexibles.

Es el contrato laboral más viable y que no supone un gran riesgo para el empleador, porque se puede divorciar del empleado sin que le cueste un dineral, porque con el fijo tiene que pagar más. El problema del contrato temporal es su plazo, que tiene límite temporal. La ley pone un horizonte en que el trabajador pasa a ser indefinido, y eso destruye los incentivos. Impide que el empresario invierta en formación, que el trabajador sea más productivo en esa relación y en la actividad de la empresa. Y esto, desde luego, afecta a los más humildes, a los más vulnerables.

-¿Por la falta de formación?

La formación y la educación no es la formal de los centros educativos, y mucho menos la que dan la patronal y los sindicatos. La importante cuando se entra en el mercado laboral es la formación que se recibe en los puestos de trabajo. Pero si en esos primeros años de formación, que son fundamentales, las reglas son tan rígidas, la hacen imposible. Y entonces vamos por mal camino.

-Es difícil para la clase trabajadora aceptar sus tesis.

Haría falta entender, ponerse en el lugar del empleador. Vamos a un ejemplo práctico. ¿Por qué uno de los poco ámbitos con un régimen libre es el servicio doméstico y hay empleo? Pues supongo que porque una parte de la población sí ha funcionado en este ámbito como empleador, y ve el papel que le corresponde. Esta misma realidad se da en cualquier actividad, con el agravante de que es más difícil.

-Usted es experto en instituciones. La corrupción se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la sociedad española.

En la práctica, eso no es cierto, o por lo menos a la hora de votar lo hacemos como si no preocupara nada. Hay unos estudios sobre elecciones municipales en los que se demuestra que tras casos de corrupción, no se han visto consecuencias en las urnas. Pero hay indicios aún más sospechosos.

-¿Cuáles?

La Fundación BBVA ha hecho una investigación entre los principales países de Europa y resulta que los españoles son los más críticos con los políticos, pero a la vez son los menos informados. Eso da que pensar: usamos a los políticos como chivos expiatorios.Y los ciudadanos no lo hacemos mejor que ellos, porque criticamos pero no hacemos nada por resolver los problemas.

-Usted es crítico con la sociedad española en su conjunto.

He sido muy crítico con los políticos en varios artículos, pero sí, también lo soy con los ciudadanos porque ni siquiera nos sentimos responsables de las decisiones políticas que se adoptan. Optamos por criticar las decisiones y a los representantes políticos, pero como si no tuviéramos nada que ver con ello, como si no fueran nuestra responsabilidad.

-Oiga, ¿en qué país le gustaría a usted vivir?

Cuando uno vive o viaja por el extranjero también piensa así. Yo cometí el error de pensar esto muchas veces. Pero cada país tiene sus valores, su cultura, su forma de ser. La pregunta es ¿cómo podemos, siendo como somos, ser más prósperos? Para eso hay que aceptar las debilidades y montar las instituciones con reglas compensatorias.

-¿Puede explicarlo con un ejemplo?

Si nos informamos poco de política, porque no nos molestamos individualmente en hacerlo, se convierte en un desastre colectivo. Pues podríamos, por ejemplo, decidir qué información política es relevante y por tanto hacer que sea inevitable. Empecemos por no ocultar los impuestos, por ser transparentes. Los ciudadanos no saben cuánto pagan de impuestos en el combustible, en el recibo de la luz, ni siquiera en su nómina. Pues hagamos que cada vez que el ciudadano vaya a comprar algo se entere de cuánto paga por el producto y cuánto por impuestos. Que se ponga el precio sin incluir el IVA, así todo el mundo sabría cuánto vale lo que compra y cuánto se le aplica de tributos.

-En el documento de los expertos para la reforma fiscal se habla de transparencia.

Sí, pero se refieren a que cada uno sepa en qué tramo de IRPF se encuadra según su renta. Yo me refiero a una transparencia educativa, que los ciudadanos sepan cuánto cuestan las cosas y cuánto paga de impuestos por adquirirlas o por disfrutarlas. En ese documento no hay ni una sola medida para que el contribuyente sea consciente de cuánto paga por los servicios públicos y de que no son un maná, que cuestan mucho dinero y que los sostenemos entre todos. Para mí ha sido una decepción que un informe de este tamaño y profundidad no dedique ni una línea a esto.

-¿Cree que la fórmula que usted plantea funcionaría en España?

Los españoles somos muy razonables cuando se trata, por ejemplo, de hacer obras en la comunidad de vecinos, o si se da un caso de corrupción en el portal. ¿Por qué? Porque entendemos que es nuestro dinero y nos informamos de lo que ocurre. Pues debe ocurrir lo mismo con el sector público. La política, al final, es gestionar dinero público.

-El presidente del comité de expertos, Manuel Lagares, no se atrevió a aseverar que su propuesta vaya a suponer pagar menos impuestos.

Tengo que leérmela con detenimiento, porque la acaban de presentar, pero por lo que he visto en el documento parece que no se garantiza que vaya a ser así.