Oviedo, P. T.

El diputado autonómico socialista Álvaro Álvarez se mostró ayer partidario de que se abra «un período de reflexión» en torno al proyecto de la ley de coordinación de policías locales después de que los municipios asturianos hayan criticado el contenido de la futura norma. «El proyecto tiene un alto grado de desaprobación por parte de los ayuntamientos y tal vez deba buscarse un acuerdo más amplio con ellos, que han manifestado un rotundo rechazo», explicó.

Álvarez realizó estas consideraciones al término de las comparecencias celebradas a lo largo de toda la mañana en la Junta para analizar el contenido del proyecto de ley. Tras las valoraciones de los sindicatos -que, con algunos matices, dieron su visto bueno a la iniciativa-, ofrecieron sus opiniones los responsables de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). En representación de la institución acudieron su presidente, Hugo Morán, el alcalde de Avilés, el socialista Santiago Rodríguez Vega, y el regidor de Ribadesella, el popular José Miranda.

Morán fue claro al pronunciarse sobre el proyecto. Aseguró que éste «no responde a las expectativas» y advirtió de que la entrada en vigor de normativas similares en otras comunidades ha supuesto en todos los casos un incremento de los gastos para los ayuntamientos. Así, reclamó que la iniciativa se acompañe de una memoria económica que permita calcular los costes que la ley supondrá a los concejos para que éstos puedan recibir la financiación necesaria.

El presidente de la Federación de Concejos incidió en que el Ejecutivo asturiano debería adoptar la medida de la memoria económica con mayor razón que otras comunidades al haber asumido las competencias de la extinta Diputación Provincial, ya que, según explicó, algunas autonomías en las que también se ha dado esta circunstancia «financian la renovación del parque móvil, los equipos técnicos e incluso los uniformes» de las policías locales. «En Asturias prácticamente el cien por cien del coste de la Policía Local corresponde a los ayuntamientos al margen de la capacidad económica que tengan», añadió.

Si los populares consideraron que las críticas de los ayuntamientos constituyen una especie de «enmienda a la totalidad» del proyecto de ley -los responsables de la Federación de Concejos dieron a entender que lo mejor sería retirar el texto aprobado por el Gobierno-, Álvaro Álvarez evitó precisar si su grupo parlamentario presentará enmiendas a la iniciativa durante el trámite parlamentario. Se limitó a insistir en que el rechazo de los municipios había sido «rotundo» y en que, por tanto, es necesario un período de «reflexión» sobre el texto.

Por su parte, el consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, Francisco Javier García Valledor, responsable del área promotora del proyecto, rechazó todas y cada una de las críticas de los municipios. Explicó que todas las comunidades españolas han desarrollado normativas similares -«será entonces que es necesario hacerlo»- y que hay ayuntamientos -citó el de Gijón, Oviedo o Grado- que «están deseosos de que se apruebe esta ley».

«Esta ley ha sido pactada explícitamente con los ayuntamientos y respeta la autonomía local (...) Es una ley que tal vez les dé un poco de vértigo a los ayuntamientos, porque les obliga a replantearse una situación organizativa, pero no tiene costes para ellos», añadió el consejero.