El Consejo de Gobierno del Principado ha acordado hoy adelantar más de 2,92 millones de euros a los pescadores afectados por el hundimiento del petrolero "Prestige" que se produjo frente a las costas gallegas hace casi cinco años.

El acuerdo fue anunciado por la portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, al término de la reunión semanal del Ejecutivo asturiano, que en esta ocasión se celebró en la sede del Ayuntamiento de Valdés, en Luarca.

Los 2,92 millones de euros se destinarán a financiar la firma de un convenio con la Federación de Cofradías de Pescadores del Principado de Asturias destinado a paliar los efectos de los vertidos del buque Prestige, hundido el 13 de noviembre de 2002.

El acuerdo, según Migoya, persigue paliar y reparar en la medida de lo posible el "grave" impacto de los vertidos en las economías que directa o indirectamente se dedican a las actividades pesqueras, marisqueras y acuícolas.

Según la consejera, los afectados por el hundimiento han ejercido cuantas acciones pone a su disposición el ordenamiento jurídico, pero a día de hoy muchos de ellos no han obtenido aún las compensaciones económicas que les corresponden.

El Principado decidió el pasado mes de junio iniciar la tramitación administrativa necesaria para adelantar a la Federación de Cofradías las ayudas económicas correspondientes y no percibidas hasta el momento.

El Ejecutivo ha aprobado también la firma del convenio de colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para la puesta en práctica de actuaciones de ahorro energético en distintos sectores en el presente ejercicio por un montante superior a los 7 millones de euros.

Las actuaciones, contempladas en el Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética serán identificadas por la Dirección General de Minería y Energía en un Plan de Trabajo que incluirá las relativas a Industria, Transporte, Edificios, Equipamiento Doméstico, Servicios Públicos, Agricultura y Transformación de la Energía.

A propuesta de la Consejería de Educación se ha autorizado un gasto de 3 millones de euros en tres anualidades para la realización de las obras de mantenimiento y reparación en varios colegios públicos de Educación Primaria y Secundaria, a los que se destinarán a partes iguales.

El Ejecutivo ha autorizado además la ampliación del convenio de colaboración con las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación del Principado para el desarrollo del Programa InnoCámaras, que pretende optimizar los recursos públicos dedicados a promover la incorporación de la innovación por parte de las pymes, micropymes y autónomos.

El Gobierno asturiano aportará casi 132.000 euros, un 30 por ciento del coste total y la UE hará cargo del 70% restante, con el fin de favorecer la integración de 133 empresas asturianas al programa en los dos próximos años.

En materia de educación, también se ha acordado conceder una subvención de 30.000 euros a la Universidad de Oviedo para apoyar e impulsar el primer Máster en Gestión del Diseño Industrial en el Principado de Asturias.

Respecto a Bienestar Social, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de sendos convenios de colaboración con el Ministerio de Trabajo para financiar la ejecución de proyectos de atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano y para el desarrollo de Programas de Apoyo a Familias en Situaciones Especiales a los que se destinarán 1,2 millones de euros.

En el primer caso la aportación económica del Ministerio de Trabajo será de 100.644 euros y la del Principado superará los 296.000 euros, mientras que para el convenio de apoyo a las familias cada administración aportará 427.000 euros.

En cuanto a la Consejería de Industria y Empleo, el Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Industria para el desarrollo del Plan de Mejora de la Calidad en el Comercio al que la administración central aportará un mínimo de 229.865 euros.

Asimismo ha aprobado un gasto de casi 360.000 euros para la ejecución del proyecto de recuperación de instalaciones mineras en Santo Adriano (una calera) y Quirós (un lavadero y un cargadero de carbón), obras que tienen un plazo de ejecución de cuatro meses. EFE