Oviedo / Gijón,

L. PALACIOS / J. MORÁN

La nota emitida el jueves por la Conferencia Episcopal reclamando el apoyo para los partidos «que rechacen la negociación con ETA» no dejó indiferente a nadie. Ayer se sucedieron las reacciones ante una recomendación que ha cosechado el apoyo de la Iglesia asturiana, defensora de su derecho a plantear los valores que han de tener en cuenta los católicos a la hora de votar mientras arreciaban las críticas de la izquierda asturiana.

Manuel Robles, portavoz del Arzobispado, destacó que «ya decía Tierno Galván que los políticos deben ser la aristocracia de la prudencia». Robles destacó que «la nota da libertad para que los católicos voten en conciencia, pero apunta los valores que deben defender: la vida, la familia fundada en el matrimonio, la construcción de una sociedad donde Dios no esté ausente».

Por su parte, el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, consideró la nota como «muy desafortunada», y subrayó que «no ayuda a la convivencia entre los españoles». Areces indicó que la sociedad española «se rige por otras pautas bien distintas de las que los obispos tratan de influir ahora pidiendo el voto para una formación determinada».

El portavoz del PSOE en la Junta, Fernando Lastra, consideró que los obispos «han cometido un exceso y una inmoralidad», y subrayó que su grupo no acepta que la referencia de la Iglesia «pueda entenderse exclusivamente referida a los socialistas teniendo en cuenta cuál es la historia en torno a ETA».

Lastra recalcó que «todos los partidos sin excepción han intentado un diálogo con la banda terrorista», y que, por lo tanto, la orientación del voto por parte de la jerarquía eclesiástica resulta «una presencia un tanto grosera en el debate político electoral», que denota, además, «una connivencia entre la jerarquía de la Iglesia católica y el PP fuera de sitio y absolutamente anómala».

Jesús Gutiérrez, secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), abundó en la idea de que «hay una parte del obispado dirigiendo la Iglesia que cada vez se parece más a la derecha dirigente en España». Además, subrayó que «hay mucha gente de centro-derecha que no está de acuerdo con los obispos».

El senador socialista José Antonio Alonso, católico practicante, se mostró indignado con la prédica de los obispos, y tildó de «preocupante para no pocos católicos de izquierdas» la posición de la Iglesia ante las próximas elecciones generales. «Lo que han hecho los obispos es una forma refinada de mentir, porque la hipocresía es una mentira refinada», recalcó Alonso, para quien «este sector del episcopado son unos auténticos hipócritas».

Mariví Monteserín, candidata al Congreso de los Diputados, aseguró por su parte la actitud de los obispos españoles no le extraña porque «llevan cuatro años acompañando al PP en consignas y manifestaciones». Monteserín considera que «ambos están cada vez más alejados de la sociedad».

El diputado de Izquierda Unida Francisco Javier García Valledor se manifestó también sobre la petición de los obispos. Valledor aseguró que «los obispos no son tal, sino mercaderes, y ya se sabe lo que hizo Jesucristo con los mercaderes del templo».

De igual modo, opinaron sobre la polémica y a favor de la libertad de los obispos otros miembros de la Iglesia asturiana, como José Antonio González Montoto, vicario episcopal de familia, que aseguró estar «de acuerdo con la nota, ya que orienta la conciencia, no el voto concreto, y no apoya a un partido concreto». Ángel Garralda, párroco de San Nicolás de Bari (Avilés), opinó que la nota «está muy bien; mejor, imposible, porque orienta con claridad sobre la situación que esta pasando la Iglesia española como consecuencia de lo que se le viene encimas».

El filósofo y profesor emérito de la Universidad de Oviedo Gustavo Bueno manifestó, por su parte, que los asuntos de terrorismo son «totalmente» competencia de la Conferencia Episcopal y destacó que existe un «conflicto objetivo» entre el Gobierno del PSOE y la Iglesia.

Bueno señaló que «los ciudadanos son también fieles de la Iglesia» en contraposición a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien dijo ayer que «el Gobierno se debe a los intereses de los ciudadanos y las autoridades religiosas se deben a sus fieles; sus ámbitos de actuación son diferentes».

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