Gijón, M. CASTRO
Los Juzgados de lo contencioso-administrativo de Oviedo han anulado en dos sentencias las bases de la convocatoria de 34 plazas para el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias porque las mismas fueron formuladas de tal modo que «sólo trata de privilegiar a las concretas personas que hubieran ocupado puestos de trabajo en la Sociedad Regional de Recaudación». Las dos sentencias se refieren a 10 plazas de técnicos medios en Informática y a 24 plazas de administrativos.
Las bases de las 128 plazas para el Ente Público -incluidas las citadas- han sido impugnadas por los sindicatos CSI y USIPA. Todas serán, previsiblemente, anuladas por el juez, a tenor de estas dos primeras sentencias, dado que el motivo de impugnación judicial que esgrimieron los sindicatos fue el mismo en todos los casos: que estaban hechas a medida de los trabajadores de la Sociedad Regional de Recaudación que accedieron en su día a este organismo sin pasar por un proceso de selección pública, señalan responsables de CSI y USIPA. «Hubo incluso personas a las que llamaron a casa para hacerles la entrevista de trabajo» para la sociedad ahora en vías de desaparición, asegura el coordinador general de USIPA, José Luis González.
El Consejo de Gobierno del Principado ordenó, al aprobar la oferta de empleo público para la Administración autonómica, «aprovechar la experiencia adquirida por la prestación de servicios en la Sociedad Regional de Recaudación», tal como recoge la sentencia. Así las cosas, la Viceconsejería de Presupuestos y Administración Pública convocó mediante el sistema de concurso-oposición las 128 plazas. En las siete convocatorias que realizó (una por cada categoría laboral) valoraba hasta 45 puntos la fase de concurso, pero sólo como mérito los servicios prestados en determinados puestos de trabajo. Las bases concedían 9 puntos por año de servicio prestado en la Sociedad Regional de Recaudación, 4,5 puntos por año en el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado y 2,25 puntos por año de servicio en otras administraciones públicas. A las oposiciones se presentaron unas cinco mil personas. «Lo que se prima de manera absoluta y primordial es haber desempeñado las mismas funciones desarrolladas en un puesto prácticamente idéntico, pero sobre todo en la Sociedad Regional de Recaudación, por encima, incluso, y esto resulta absolutamente incomprensible, del desempeño de las mismas funciones en el propio Ente Público de Servicios Tributarios, para el que se convocan precisamente las plazas, o en otro órgano de la Administración del Principado con funciones de gestión tributaria», explica el juez en las sentencias, quien añade que la discriminación es mayor por la diferencia de puntuación atribuida para los candidatos que hayan adquirido la experiencia en otras administraciones públicas. Este «trato desigual» vulnera el artículo 14 de la Constitución.
Aún están pendientes las sentencias sobre las bases de cinco plazas de titulado superior en Informática, nueve plazas de licenciado en Económicas, Administración y Dirección de Empresas o Derecho, once plazas de titulado de Grado Medio; 68 plazas de auxiliar administrativo y una plaza de ordenanza.
