Oviedo, Idoya RONZÓN

El fiscal especial antidroga, José Perals, pide una condena de 165 años de prisión y multas millonarias para la mayor red de tráfico de heroína de Asturias, según la calificó el propio Cuerpo Nacional de Policía tras su desarticulación. Perals, a partir del martes, sentará en el banquillo a 29 personas -dieciséis residentes en el Principado, ocho en León, cuatro en Burgos y uno en La Coruña-, a las que se les incautó droga por valor de 301.379 euros en la denominada «operación Pirrichi». Ocho de ellos responderán además de un delito de blanqueo de capitales, ya que el fiscal mantiene que adquirían pisos y vehículos con las ganancias de la heroína, poniendo los bienes a nombres de terceros que conocían la procedencia ilegal del dinero. Las condenas oscilan entre los tres años y medio y los doce años de prisión.

Perals remonta al menos al mes de abril de 2004 los negocios de la red, integrada por un complicado entramado de distribuidores a distintas escalas que vendían la droga en la zona central de Asturias, principalmente en Langreo. El grupo de estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía practicó las primeras detenciones aproximadamente un año después, el 14 de marzo de 2005, en la estación de autobuses de Oviedo. Días antes había tenido conocimiento de que dos de los acusados habían viajado en avión a Madrid para comprar heroína a uno de los principales distribuidores del grupo. Así, el 14 de marzo arrestaron a los dos acusados cuando éstos descendían del Alsa procedente de Madrid y recogían su equipaje. Dentro del mismo, al registrarlo, la Policía encontró cuatro paquetes de aproximadamente medio kilo de heroína cada uno, que fueron valorados en 159.522,24 euros.

A partir de ahí, y partiendo de las investigaciones, «pinchazos» telefónicos y seguimientos realizados por la Policía, los agentes tiraron del hilo. En total, se realizaron 15 registros en domicilios de Oviedo, Gijón, Langreo, León y La Coruña, con más de 50 millones de las antiguas pesetas aprehendidos en heroína y cocaína. Además se decomisaron joyas, dinero, armamento (cuatro de los acusados lo están también por tenencia ilícita de armas) y sustancias para «cortar» droga, entre ellas medio kilo de ácido bórico.

Hubo episodios de violencia. Según el fiscal, durante uno de los registros, la Policía pidió a uno de los acusados (al que sorprendieron saliendo del domicilio) que se identificara cuando estaba a bordo de un coche. Lejos de hacerlo, el hombre arrancó el vehículo, obligando al agente a separarse para evitar que lo atropellara. No se detuvo ahí. A continuación, afirma Perals, se abalanzó con el coche sobre otros dos policías que acompañaban al primero. Ambos lograron saltar a un lado de la vía.

Los acusados no se privaban de nada, apostilla el fiscal. Además de coches, dos de ellos compraron un chalé en León, valorado en 197.894 euros y que pusieron a nombre de un matrimonio conocido, que presuntamente sabía de los «negocios turbios» de la pareja. Allí, los procesados construyeron una piscina por 23.400 euros y colocaron electrodomésticos del más alto nivel. Además, en un piso en León, también adquirido supuestamente con dinero de la droga y valorado en 216.824 euros, instalaron un gimnasio y hasta un aparato de rayos UVA.