Oviedo, Juan A. ARDURA
La nueva financiación autonómica será el asunto central de la cumbre astur-gallega que mantendrán los gobiernos de ambas comunidades autónomas los próximos 18 y 19 de este mes en Santiago de Compostela. El Gobierno regional y la Federación Socialista Asturiana tienen interés en plantear el debate sobre la reforma de la financiación autonómica ante la más que presumible convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La modificación del sistema de financiación autonómica será una de las asignaturas de la legislatura recién iniciada, que se dilucidará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano en el que están todos los consejeros de Hacienda de España, entre ellos el asturiano Jaime Rabanal y el gallego José Ramón Fernández.
Ambos consejeros estarán presentes en la cumbre de Santiago, donde abordarán un asunto sobre el que ya han mantenido conversaciones, en las que incluso se planteó la posibilidad de mantener un frente común por parte de todas las autonomías del noroeste español.
Asturias apuesta por un modelo basado en la multilateralidad que garantice la solidaridad entre todas las comunidades autonómicas. Los socialistas asturianos abogan por negociar el nuevo sistema de financiación en un marco global entre todas las comunidades y el Estado, que garantice un reparto gracias al cual todos los españoles dispongan de unos servicios públicos de calidad homogénea, sean de la comunidad que sean. Ésta ha sido la tesis mantenida por el secretario de la Federación Socialista Asturiana, Javier Fernández, tras el escenario político que han dejado las elecciones generales del 9-M
l Sistema actual de financiación. En España conviven, en la actualidad, dos sistemas distintos de financiación autonómica: el régimen foral, al que están acogidos Navarra y País Vasco, y el régimen común, en el que están el resto de autonomías.
l El régimen foral. País Vasco y Navarra tienen potestad para mantener, establecer y regular su régimen tributario. Ello implica que la gestión, liquidación y recaudación de la mayoría de los impuestos estatales es competencia de la comunidad. A cambio, ambas autonomías contribuyen a la financiación de las cargas generales del Estado a través de una cantidad denominada «cupo» o «aportación». El cupo o aportación económica se fija cada cinco años, aunque se actualiza anualmente. Esta situación favorece claramente a ambas comunidades, que en la práctica no contribuyen a los mecanismos de solidaridad interautonómica.
l La posición de Cataluña. La clase política catalana aspira a conseguir un trato fiscal similar, de forma progresiva, al que ya reciben País Vasco y Navarra. El Estatut catalán, recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional, establece la creación de una comisión mixta Generalitat-Madrid para la negociación de un nuevo modelo fiscal. Además, el Estatut también incluyó una cláusula en la que el Estado se compromete durante siete años a realizar inversiones por una cuantía equivalente al PIB catalán. El amplio apoyo electoral dado por Cataluña a Zapatero en las elecciones generales es otro de los argumentos esgrimidos para avalar las tesis que reclaman una mejor financiación.
l Oferta del PP asturiano. En esta coyuntura, el Partido Popular asturiano ya planteó días atrás la conveniencia de que el Gobierno asturiano cuente con el más amplio respaldo político posible para exigir los criterios de multilateralidad y solidaridad. Los populares están dispuestos a solicitar una comparecencia del presidente del Principado sobre esta materia para escenificar ese apoyo ante una hipotética convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los populares sostienen que el establecimiento de relaciones bilaterales en materia de financiación autonómica alumbraría una España de dos velocidades y pondría en peligro la cobertura de servicios públicos.
