La ponencia parlamentaria encargada de abordar la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias ha decidido hoy iniciar la reforma del texto, que no será derogado, por el nivel de competencias que asumirá Asturias, por ser el apartado "más importante para los ciudadanos", según el PSOE, y lo "más fácil de acordar", según el PP e IU.

La ponencia integrada por diputados de las tres fuerzas con representación en la Junta General del Principado se ha reunido hoy por segunda vez este año para acordar la metodología que se seguirá y el calendario de reuniones.

Los tres grupos se han mostrado de acuerdo en abordar la reforma del Estatuto de Autonomía por bloques, y no artículo por artículo, y en llevar a cabo una reunión todos los lunes, a partir de las 9:00 horas, con el fin de agilizar el proceso.

En cada bloque se abordarán las discrepancias a través de propuestas transaccionales y la negociación para proceder, posteriormente, a dirimir las diferencias mediante votación, que requiere el apoyo de las tres quintas partes para su aprobación.

Todos los partidos han decidido también abordar el proceso como una reforma y no como la creación de uno nuevo, por lo que se tramitará como una Ley Orgánica de título único que no derogará el Estatuto aprobado en 1981 "para poder mantener la secuencia histórica", según ha señalado el portavoz socialista, Fernando Lastra.

A Izquierda Unida no le hubiese importado plantear un "nuevo" Estatuto, si bien, según ha incidido el coordinador general de la coalición, Jesús Iglesias, han asumido que se plantee como una reforma del actual, "siempre y cuando no haya una limitación inicial de cuáles deben ser los contenidos".

No obstante, no todo han sido acuerdos en esta primera reunión de la ponencia, ya que la fórmula que PSOE y PP quieren utilizar para recoger el nivel de competencias no ha sido compartida por IU.

Según Iglesias, aunque parece una cuestión "aparentemente formal" tiene una "gran trascendencia" dado que no es lo mismo recoger las competencias en un listado, como es el caso del asturiano, que hacerlo por materias y con mucho más detalle, como lo hacen el catalán y el andaluz, que están más "blindados" a la hora de defenderse ante una posible invasión de la gestión autonómica por parte del Estado.

El Estatuto asturiano tiene en la actualidad tres artículos que recogen las competencias exclusivas, las de desarrollo legislativo y las de mera ejecución, así como algunos artículos más en los que se abordan algunas concretas, mientras que los estatutos reformados de Andalucía y Cataluña hacen una descripción más pormenorizada.

"Ir más al detalle les ha servido de instrumento para dar un salto en el nivel de autogobierno y asumir competencias más blindadas frente a la posibilidad de que el Estado las invada", ha subrayado Iglesias, que ha advertido que este aspecto va a centrar la discusión de la ponencia en la reunión del próximo lunes, 21 de abril.

El portavoz socialista ha admitido que desde su formación prefieren que las competencias se recojan por listado y no como lo han hecho los estatutos catalán y andaluz, aunque ha advertido de que "ya se verá cómo se aborda" en la próxima reunión.

Lastra ha incidido en que la decisión de empezar por el techo competencial que se quiere para Asturias se debe a que "es lo más importante y la parte más sustantiva de la reforma, ya que incluye las políticas que afectan a las personas, mientras que el resto, como los temas de identidad o de definición son de índole distinto".

El nivel de competencias que defenderá su grupo estará marcado, según Lastra, por el que han marcado otras comunidades autónomas en la reforma de sus normas.

Sobre esta cuestión, el portavoz del PP, Joaquín Aréstegui, se ha mostrado convencido de que se van a asumir "todas las competencias que hayan ido cogiendo otros estatutos y que no hayan sido recurridos ante el Constitucional".

"El objetivo es conseguir el techo máximo dentro de la Constitución", ha subrayado Aréstegui, que se ha mostrado partidario de dejar para el final del proceso de reforma del Estatuto asturiano el debate sobre el título preliminar, que debe fijar cuestiones como la definición de la comunidad, el reconocimiento de la capitalidad o el trato que se da a la lengua asturiana.

Durante la reunión de la ponencia se concentraron a las puertas del Parlamento asturiano cerca de medio centenar de manifestantes convocados por el Conceyu Abiertu pola Oficialidá, cuyo portavoz, Fernando Ornosa, ha reclamado que se reconozca el derecho de los hablantes de asturiano y se respete el artículo 3 de la Constitución sobre la oficialidad de las lenguas del Estado.

En su opinión, el hecho de que la llingua no esté reconocida "es un déficit democrático" por lo que ha anunciado que, con el fin de conseguir la oficialidad, el Conceyu se manifestará cada vez que se reúna la ponencia. EFE