El PP teme que la crisis dispare el número de peticiones del salario social

La diputada Inmaculada González acusa al Gobierno de ocultar datos

29.04.2008 | 02:00

Oviedo, Luján PALACIOS


El Partido Popular ha exigido a la Consejería de Bienestar Social la elaboración del plan autonómico de lucha contra la exclusión social, en un momento de «crisis económica» que, según los conservadores, hará que se incremente de manera considerable el número de beneficiarios del salario social básico.


La diputada conservadora Inmaculada González puso ayer de relieve la necesidad de comenzar a tomar medidas a la mayor brevedad posible, toda vez que «no se puede dar un tratamiento cuando el diagnóstico está sin hacer». Por eso, González instó a la titular de la Consejería de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, a «comenzar a trabajar bien o el círculo de la exclusión social se va a incrementar mucho a lo largo de este año».


González denunció, además, que la Consejería no ha facilitado a su grupo los datos que en su día habían solicitado con respecto al número de beneficiarios del salario social básico en el año 2007. El Partido Popular había solicitado a la Consejería que especificase los ayuntamientos en que están empadronados los beneficiarios, incluido su sexo, edad, cuantía de la prestación y fecha de inicio de la percepción. También reclamaba que la Consejería detallase las condiciones de cada receptor del salario social: si se trata de un huérfano, un ex recluso o cualquier otro posible beneficiario de la renta básica.


Según señala la diputada del PP, el Gobierno regional ha facilitado datos sesgados. «Según la Consejería, la aplicación informática que desarrolla la aplicación del salario social básico no recoge los datos que hemos pedido», denuncia Inmaculada González.


De acuerdo con la información remitida por Bienestar Social, en 2007 se presentaron 7.579 solicitudes, de las que 2.298 eran nuevas, y se autorizaron 6.399, lo que supone un incremento de 2.800 respecto al ejercicio anterior, que generaron un gasto de 18,8 millones de euros.


La también diputada del PP Elma Alonso señaló, por su parte, que el salario social es un derecho social básico, pero que con los datos disponibles no es posible conocer cuántos beneficiarios del salario social se han incorporado al mercado laboral ni si se están tomando las medidas necesarias para evitar que esta prestación «se haga crónica sin que se haga nada para sacarlos de la pobreza».

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