Oviedo, I. R.

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El fiscal antidroga comenzó su informe esquivando los argumentos planteados por las defensas para intentar que se declaren nulos los «pinchazos» telefónicos o los registros domiciliarios en los que se basan las acusaciones, entre otras pruebas. Y le puso hasta título: «En busca del derecho fundamental violado», dijo. «Se trata de una batería de denuncias para intentar demostrar una supuesta violación de los derechos fundamentales que no tiene consistencia alguna. Se escarba de una manera desmesurada para ver si por algún lado «cuela», dijo.

Y es que uno de los letrados presentó en su escrito de alegaciones una serie de violaciones a los derechos fundamentales de Vidal Romay, un traficante gallego juzgado hace más de un año en la Audiencia, pero que no está acusado en este caso. Entonces también fue fiscal José Perals. «Le debió de parecer al letrado que los argumentos que utilizaba entonces eran buenos, así que cortó y pegó. De lo que se trata es de impugnarlo todo, ir hasta el Supremo o el Constitucional, sin importar si se tiene razón o no». Según el fiscal, durante la investigación «hubo un adecuado control judicial» y, «desde luego, se respetaron los derechos constitucionales de los acusados».

Magdalena García Gabarre inició ayer el juicio como cada mañana en las últimas cuatro semanas. Era una más de los veintinueve acusados. El fiscal pedía para ella una condena de cuatro años y el pago de una multa de 300.000 euros por un delito de blanqueo de capitales.

Al inicio de su informe, el fiscal modificó esta situación. José Perals retiró la acusación contra ella «al no quedar suficientemente acreditada su participación en los hechos». El magistrado presidente, Manuel Avello, le ordenó entonces que abandonara el banquillo de los acusados y siguiese (si quería) la vista desde el fondo de la sala, entre el público.

Magdalena García es esposa de uno de los imputados, Ricardo Sánchez Iglesias, para quien José Perals reclama cuatro años de prisión y el pago de una multa de 300.000 euros por blanqueo de capitales. El fiscal lo acusa de permitir que se pusiera a su nombre un chalé que los acusados Antonio Jiménez Borja, «Mario» (con antecedentes por matar a un hombre en Madrid en 1998), y su esposa, Isabel Virosta, compraron en León. Según Perals, Ricardo Sánchez «tenía pleno conocimiento de los negocios ilícitos» a los que se dedicaba la pareja.