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El PSOE acepta negociar que una cláusula del Estatuto garantice la inversión del Estado

Los socialistas asturianos quieren evitar desventajas con regiones como Cataluña, Baleares, Valencia o Aragón

 

Oviedo, Juan A. ARDURA

El PSOE está dispuesto a negociar la inclusión en el nuevo Estatuto de Autonomía de una cláusula que determine la inversión del Estado en Asturias. Aunque los socialistas asturianos, en principio, no son partidarios de recurrir a esa figura para garantizar el volumen de inversiones estatales en la región, dejan la puerta abierta a tratar esta cuestión en la negociación abierta para la reforma del Estatuto, que ya se discute en el Parlamento asturiano.


Varias comunidades que ya han reformado sus estatutos de autonomía incluyeron cláusulas para fijar criterios sobre la inversión del Estado en sus respectivos territorios. Es el caso de Cataluña, Valencia, Aragón y Baleares. En Asturias, la voz del consejero de Economía, Jaime Rabanal, fue una de las primeras que se alzaron contra esa fórmula para garantizar la inversión estatal en el Principado. Su argumento era que, sin contar con ese tipo de cláusula, Asturias ha sido una de las comunidades más favorecidas en el volumen de inversiones del Estado.


El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Javier Fernández, tampoco juzgaba imprescindible la inclusión de ese tipo de cláusulas porque, señaló, «Asturias, históricamente, ha recibido siempre más dinero del que le correspondía en función de criterios como el PIB o la población».


Pese a esos planteamientos iniciales, el intercambio de opiniones con compañeros de partido de otras comunidades y, concretamente, con una delegación de parlamentarios de Extremadura que visitó a sus homólogos asturianos el pasado mes de abril, introdujo nuevos matices sobre una posición que no está definitivamente fijada.


El portavoz del Grupo parlamentario Socialista de Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, confirmó durante su visita a Oviedo que el borrador de la reforma del Estatuto extremeño introduce una cláusula que garantiza la inversión estatal, aunque, como sus colegas asturianos, tampoco se mostró demasiado entusiasta de esa medida. No obstante, los socialistas de Extremadura aceptan su inclusión como medida preventiva, para evitar situaciones de desventaja con las comunidades que han introducido dichas cláusulas en sus estatutos. Sánchez Amor también advirtió de que las comunidades que tienen su sin reformar su Estatuto, como es el caso de Extremadura y Asturias, entre otras, «tienen que examinar cuidadosamente» el papel que juega el Estatuto en la negociación de la financiación autonómica.


El portavoz del PSOE extremeño respondió a LA NUEVA ESPAÑA que ante ese tipo de cláusulas «hay que tener mente de matemáticos y no de mercado persa (...) Si comienzan a ser una baza esencial, se nos obligará a pujar a nosotros y eso no contribuirá a gobernar mejor este país y complicará el sudoku», en referencia al término empleado por el vicepresidente Pedro Solbes cuando habló sobre la complejidad de la reforma del sistema de financiación autonómica.


La ponencia para la reforma del Estatuto de Autonomía abordará la inclusión de esa cláusula cuando toque discutir el punto relativo a la Hacienda regional, que se ha dejado para la fase final de las negociaciones entre PSOE, PP e Izquierda Unida. Los populares asturianos entienden que esas cláusulas no son necesarias para garantizar una inversión estatal fuerte en la región, mientras que la posición de IU tiene varios puntos de coincidencia con la de los socialistas extremeños. «No entenderíamos que Asturias fuera la única comunidad autónoma que no tuviera esa cláusula en su Estatuto, aunque para IU lo realmente importante es lograr un modelo de financiación que garantice la suficiencia financiera y la solidaridad entre territorios», precisaron fuentes de la coalición.


Izquierda Unida de Asturias está dispuesta a negociar en el seno de la ponencia estatutaria «la fórmula que pueda propiciar un acuerdo lo más amplio posible. No tenemos una posición cerrada, pero es difícil de comprender y asumir que unas comunidades sí tengan esas cláusulas de inversión estatal y otras no».

Dursa

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