Más de cien menores delincuentes evitaron ir a juicio en 2007 con castigos sustitutorios Más de cien menores delincuentes evitaron ir a juicio en 2007 con castigos sustitutorios

Se trata de un programa, para los conflictos menos graves, en el que los jóvenes realizan trabajos sociales
Se trata de un programa, para los conflictos menos graves, en el que los jóvenes realizan trabajos sociales

 

Oviedo, Idoya RONZÓN
Oviedo, Idoya RONZÓN
Compañía en playas a personas con movilidad reducida, enseñanza de hábitos de higiene y salud a niños de etnia gitana, animación hospitalaria en el Materno Infantil de Oviedo, atención domiciliaria a menores y jóvenes enfermos, apoyo a niños inmigrantes en Asturias para que aprendan el castellano. Más de cien menores infractores evitaron el año pasado que se siguiera un procedimiento judicial contra ellos a través del programa de mediación extrajudicial iniciado en 2005 por la Consejería de Justicia en colaboración con Cruz Roja Juventud, y que actúa a instancia de la Fiscalía de Menores como una alternativa a los juzgados.

El programa está dirigido a infractores de 14 a 18 años y, ante hechos de menor gravedad o menores que infringen la ley por primera vez, consigue soluciones a partir de la conciliación con la víctima o la realización de actividades reparadoras, servicios en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas. La Fiscalía de Menores asturiana, que coordina Jorge Fernández Caldevilla, derivó el año pasado a este programa a 116 menores, un 25 por ciento más que el año anterior (91). Como media, supone prácticamente uno de cada tres menores detenidos y puestos a disposición de la justicia asturiana, aunque esta cifra (la del total de arrestados en 2007) no ha sido facilitada por la fiscalía por orden expresa de la Fiscalía General del Estado, que ha prohibido la difusión de las memorias anuales de cada provincia mientras no se haga pública la general nacional.

Desde su puesta en marcha, en 2005, la fiscalía asturiana ha derivado a este programa a 350 menores infractores. Se trabajó además con 105 víctimas, a las que se ofrece la posibilidad de participar en la solución del conflicto en la que está inmersa. Según la fiscalía asturiana, el programa constituye «un éxito» y está «especialmente indicado» para «conflictos juveniles leves o posibles conductas iniciales de acoso escolar que no se hayan traducido en otros delitos más graves». Según la memoria del programa, durante 2007 se produjo un cambio en el perfil social y judicial de los menores delincuentes. Por un lado, hubo 29 casos en los que los jóvenes, o bien estaban alojados en un centro dependiente del Principado como medida de protección ante un entorno conflictivo, o bien contaban con apoyo familiar brindado desde los servicios sociales municipales. Se trabajó también con otros siete menores que estaban cumpliendo medidas judiciales en medio abierto (libertad vigilada, permanencia en centros durante el fin de semana o prestaciones en beneficio de la comunidad) y que además contaban con varios antecedentes judiciales previos; y con cinco más que tenían denuncias anteriores con otros expedientes abiertos, algunos pendientes de juicio.

Las principales acciones desarrolladas por el programa son lo que se llaman «conciliaciones» y «reparaciones». En las primeras, los menores infractores sencillamente reconocen el daño causado y piden perdón a la víctima, que acepta las disculpas. Esto, según Cruz Roja, cobra sentido principalmente cuando se produce «un daño moral o psicológico». Para la víctima, explica la memoria, «encontrarse con el autor del delito y escuchar sus circunstancias ayuda a desdramatizar la situación. Que alguien con cara y ojos, aquél que la perjudicó, le dé explicaciones y muestre una actitud distinta de la del día de los hechos permite a la víctima sentirse aliviada». Con las llamadas «reparaciones», el menor se somete a determinados programas cuando la víctima no desea encontrarse con él cara a cara, o se estima que el infractor tiene una deficiencia social o educativa que se puede paliar.

El 52 por ciento de los menores infractores son varones, de 16 y 17 años. El programa atendió a 108 menores españoles, frente a ocho extranjeros: colombianos (cuatro), dominicanos (dos), un argentino y un ucraniano. Hubo cuatro casos de violencia escolar, dos de ellos por agresiones (en Gijón y Noreña) y dos más por amenazas.

Compañía en playas a personas con movilidad reducida, enseñanza de hábitos de higiene y salud a niños de etnia gitana, animación hospitalaria en el Materno Infantil de Oviedo, atención domiciliaria a menores y jóvenes enfermos, apoyo a niños inmigrantes en Asturias para que aprendan el castellano. Más de cien menores infractores evitaron el año pasado que se siguiera un procedimiento judicial contra ellos a través del programa de mediación extrajudicial iniciado en 2005 por la Consejería de Justicia en colaboración con Cruz Roja Juventud, y que actúa a instancia de la Fiscalía de Menores como una alternativa a los juzgados.

El programa está dirigido a infractores de 14 a 18 años y, ante hechos de menor gravedad o menores que infringen la ley por primera vez, consigue soluciones a partir de la conciliación con la víctima o la realización de actividades reparadoras, servicios en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas. La Fiscalía de Menores asturiana, que coordina Jorge Fernández Caldevilla, derivó el año pasado a este programa a 116 menores, un 25 por ciento más que el año anterior (91). Como media, supone prácticamente uno de cada tres menores detenidos y puestos a disposición de la justicia asturiana, aunque esta cifra (la del total de arrestados en 2007) no ha sido facilitada por la fiscalía por orden expresa de la Fiscalía General del Estado, que ha prohibido la difusión de las memorias anuales de cada provincia mientras no se haga pública la general nacional.

Desde su puesta en marcha, en 2005, la fiscalía asturiana ha derivado a este programa a 350 menores infractores. Se trabajó además con 105 víctimas, a las que se ofrece la posibilidad de participar en la solución del conflicto en la que está inmersa. Según la fiscalía asturiana, el programa constituye «un éxito» y está «especialmente indicado» para «conflictos juveniles leves o posibles conductas iniciales de acoso escolar que no se hayan traducido en otros delitos más graves». Según la memoria del programa, durante 2007 se produjo un cambio en el perfil social y judicial de los menores delincuentes. Por un lado, hubo 29 casos en los que los jóvenes, o bien estaban alojados en un centro dependiente del Principado como medida de protección ante un entorno conflictivo, o bien contaban con apoyo familiar brindado desde los servicios sociales municipales. Se trabajó también con otros siete menores que estaban cumpliendo medidas judiciales en medio abierto (libertad vigilada, permanencia en centros durante el fin de semana o prestaciones en beneficio de la comunidad) y que además contaban con varios antecedentes judiciales previos; y con cinco más que tenían denuncias anteriores con otros expedientes abiertos, algunos pendientes de juicio.

Las principales acciones desarrolladas por el programa son lo que se llaman «conciliaciones» y «reparaciones». En las primeras, los menores infractores sencillamente reconocen el daño causado y piden perdón a la víctima, que acepta las disculpas. Esto, según Cruz Roja, cobra sentido principalmente cuando se produce «un daño moral o psicológico». Para la víctima, explica la memoria, «encontrarse con el autor del delito y escuchar sus circunstancias ayuda a desdramatizar la situación. Que alguien con cara y ojos, aquél que la perjudicó, le dé explicaciones y muestre una actitud distinta de la del día de los hechos permite a la víctima sentirse aliviada». Con las llamadas «reparaciones», el menor se somete a determinados programas cuando la víctima no desea encontrarse con él cara a cara, o se estima que el infractor tiene una deficiencia social o educativa que se puede paliar.

El 52 por ciento de los menores infractores son varones, de 16 y 17 años. El programa atendió a 108 menores españoles, frente a ocho extranjeros: colombianos (cuatro), dominicanos (dos), un argentino y un ucraniano. Hubo cuatro casos de violencia escolar, dos de ellos por agresiones (en Gijón y Noreña) y dos más por amenazas.

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