Oviedo, J. A. ARDURA
El PSOE es partidario de esperar a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de las cláusulas de inversión estatal introducidas por algunas comunidades autónomas, como Cataluña, Andalucía o Valencia, en sus estatutos antes de tomar una decisión definitiva sobre su inclusión en la reforma del Estatuto de Asturias. El Tribunal Constitucional prevé tener lista la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, primero que introdujo esas cláusulas de inversión estatal obligatoria, para el próximo mes de octubre.
El portavoz parlamentario del PSOE, Fernando Lastra, aclaró ayer que «a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional en relación a la constitucionalidad de esas fórmulas lo prudente es que esperemos a ver qué dice el Tribunal sobre ese asunto». El diputado socialista destacó que los estatutos de otras comunidades autónomas «han diferido a disposiciones adicionales» las citadas cláusulas de inversión estatal y destacó que Asturias ha disfrutado de inversiones muy por encima de su peso en el PIB español. «Reto a alguien a que nos diga si hay alguna variable que oriente la inversión pública del Estado que mejore la actual disposición del Gobierno socialista de España a invertir en Asturias. Hemos tenido el doble de inversión pública que nuestro peso en el PIB del país y también casi el doble que nuestro peso en la población. De manera que ninguno de los criterios que han utilizado Cataluña o Andalucía nos sirve».
Lastra, no obstante, reiteró el compromiso del PSOE para defender un sistema que garantice la suficiencia para financiar el coste de los servicios públicos al abordar la financiación autonómica «en un marco plural, de discusión del conjunto de comunidades autónomas con el Estado».
El diputado popular Ovidio Sánchez, por su parte, dijo que su partido defenderá los principios de multilateralidad, igualdad y solidaridad en materia de financiación.
El portavoz de IU, Jesús Iglesias, reclamó a los socialistas una postura definida sobre las cláusulas o las disposiciones adicionales de inversión estatal. «Convendría que el PSOE clarificase su posición sobre la cláusula de inversión del Estado. Rabanal ha vuelto a demostrar su flexibilidad para mantener posiciones opuestas con la misma soltura. Ahora sería deseable que la FSA mostrara sus cartas y pusiera fin a esta confusión». A juicio de Iglesias, «será muy difícil de explicar por qué Asturias se puede convertir en la única comunidad autónoma que no recoge este tipo de cláusulas en su Estatuto». La coalición mantiene que si otras comunidades cuentan con esa cláusula el Principado no debe ser una excepción.
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El Estatuto puede incluir una disposición sobre inversión estatal, criterios sobre la financiación autonómica o ambas cuestiones. Son asuntos diferentes:
- Inversión estatal. Algunas comunidades siguieron a Cataluña, que introdujo en su Estatuto una cláusula por la que el Gobierno central deberá invertir, vía Presupuestos Generales, durante un período transitorio de 7 años, el equivalente a su peso en el PIB. El Estatut fue recurrido al Constitucional y está pendiente del fallo.
- Financiación autonómica. La revisión del modelo es competencia del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Algunos estatutos hacen referencia a la necesidad de asegurar los servicios y citan algunos criterios que deben tomarse en cuenta, como la población.
