El informe del Poder Judicial sobre el colapso en los Juzgados
 

Vidau dice que la cifra de 7.000 sentencias pendientes de ejecutar «no es alarmante»

l El presidente del TSJA pide más medios humanos y técnicos l La juez decana de Oviedo sostiene que el número de asuntos «es una barbaridad»

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Vidau dice que la cifra de 7.000 sentencias pendientes de ejecutar «no es alarmante»
Vidau dice que la cifra de 7.000 sentencias pendientes de ejecutar «no es alarmante» 
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Idoya RONZÓN / Agencias

Oviedo,

El examen a la situación de la justicia está sobre la mesa. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, afirmó ayer en Santander que la cifra de sentencias penales pendientes de ejecutar en el Principado, cerca de 7.000, «no es alarmante·, sino que evidencia una situación «razonable». Pilar Martínez Ceyanes, juez decana de Oviedo, se manifestó radicalmente en contra. Según la magistrada, el número reflejado en un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -difundido el martes- es «una barbaridad», y reclamó más medios humanos y técnicos para atajar esta situación.

Vidau, que se hizo eco del informe desde Santander -donde participa en un encuentro de jueces y magistrados de Asturias Cantabria y Castilla y León-, también apuntó la necesidad de aumentar los medios al servicio de la Administración de Justicia que, «por lo general, evidencian cierta insuficiencia del sistema». Según el informe del CGPJ, cada Juzgado de lo Penal de Asturias -hay nueve- tiene una media de 764 sentencias pendientes de ejecución, una cifra que se encuentra por debajo de la media nacional, que se sitúa en 795. En todo el país la cifra es de 270.000.

Pero todo es matizable. El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Martínez Lázaros, perteneciente al sector progresista de este órgano y encargado del plan de urgencia para las medidas de refuerzo en los Juzgados, pidió ayer que se aclare que aunque se está hablando la existencia de 270.000 sentencias sin ejecutar, dicho dato «no es exacto». Según el vocal, la cifra corresponde a procedimientos «cuya ejecución se está tramitando, lo que no significa que se encuentren paralizados o pendientes de cumplirse». Así, explicó que la expresión «pendientes de ejecución» no quiere decir que la sentencia no se esté ejecutando, sino que la ejecución puede encontrarse en trámite, lo que implica en la mayoría de los casos que la pena se está cumpliendo: la ejecución permanece abierta hasta que la condena se cumple totalmente y se ejecuta la responsabilidad civil. Lo que ocurre, añadió, «es que mientras tanto hay que gestionar penas de prisión, multas a plazos, retiradas de permisos de conducir, embargo de sueldos por impago de pensiones, vigilancia a las medidas adoptadas en violencia de género, etcétera». Las matizaciones del CGPJ se producen el mismo día en que se difundió una encuesta del Consejo General de la Abogacía Española, según la cual el 71 por ciento de los abogados cree que la justicia española funciona mal o muy mal.

Con todo, lo que sí ha puesto de evidencia el informe del Consejo, en lo que el órgano de gobierno de los jueces al completo coincide, es la importancia de dotar de más medios a la justicia. Pilar Martínez Ceyanes insistió ayer en la necesidad de «modernizar» la justicia, que pasaría por aumentar las plantillas, enseñar a los funcionarios a utilizar las aplicaciones informáticas para que puedan sacarles el máximo rendimiento y, entre otras muchas cosas, conectar entre sí informáticamente los Juzgados: «Esto es fundamental. Es tan importante la sentencia como su ejecución y, si se trata de situaciones con penas de prisión, son preocupantes. Hay que darle a este trámite -la ejecución- la importancia que se merece».

Según la juez decana de Oviedo, «no es admisible que una sola persona tenga que controlar todos los asuntos cada día. En el caso de Mari Luz Cortés (la niña asesinada en Huelva), por ejemplo, se han centralizado las críticas en el supuesto mal hacer de un solo profesional, y eso no puede suceder. Las culpas hay que repartirlas. No se puede exigir un control tan exhaustivo a una sola persona. Es mucho papel el que se mueve cada día y, cuando se desborda, es imposible controlarlo. Ahora que esta situación ha salido a la luz es el momento de solucionarla, porque la descoordinación entre Juzgados, por ejemplo, antes la sabíamos o la intuíamos nosotros. Ahora la saben también los delincuentes».

Más información, Pág. 29

«El número que refleja el informe evidencia una situación razonable»

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