Oviedo, Luján PALACIOS
El 95 por ciento de las empresas asturianas logró en plazo la autorización ambiental integrada, y sólo dos de las 60 industrias susceptibles de obtener esta autorización aún no disponen de ella.
La consejera de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Belén Fernández, respondió ayer en la Junta a las preguntas formuladas por el diputado de IU Francisco Javier García Valledor, y aseguró que su Consejería ha realizado un trabajo «muy intenso y riguroso» para conseguir que las empresas obtuvieran la autorización ambiental dentro del plazo legal, que finalizaba el pasado día 30 de abril.
La autorización ambiental integrada es un permiso específico con el que deben contar las empresas potencialmente contaminantes, en virtud de la ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. La puesta en marcha de esta normativa ha generado un gran volumen de trabajo para la Administración regional que ocasionó, según la responsable de Medio Ambiente, que las autorizaciones se concedieran en algunos casos en el último momento, incluso el día 30 de abril por la noche. «Estoy orgullosa de que así haya sido, porque esto demuestra que el personal de la Consejería ha realizado un trabajo intenso y serio», sostuvo Belén Fernández.
La normativa, que según la Consejera ya se está aplicando en las grandes empresas asturianas se remonta a noviembre del año 2006, en el que instó por carta a todas las empresas a que solicitaran esta autorización. El plazo original para obtener la certificación sin la cual las empresas no podrían legalmente seguir funcionando expiraba en octubre de 2007 y fue ampliado al 30 de abril de este año por las dificultades que planteaba la tramitación.
El día 30 de abril se habían concedido autorizaciones al 95 por ciento de las empresas de las que más emisiones despiden a la atmósfera, de los sectores siderúrgico, metalúrgico, cementeras, químicas, agroalimentarias o energéticas. La autorización a Arcelor-Mittal se retrasó un día a la espera del informe de la Confederación Hidrográfica del Norte, y sólo dos están pendientes de obtener la certificación, aunque se encuentran en trámites. A estas 58 autorizaciones se suman además otras 17 de empresas de nueva creación, con lo que en total se han expedido hasta la fecha 75 autorizaciones ambientales, «muy por encima de la media nacional», según Belén Fernández. Otras 10 correspondientes a nuevas industrias están ya en marcha.
La Consejera asegura que se ha realizado un trabajo «complejo, serio y riguroso», con la participación de técnicos propios, empresas especializadas y la Universidad de Oviedo, y «dentro de los plazos legales».
El diputado de IU Francisco Javier García Valledor aseguró, por su parte, que esta normativa nace viciada en su origen, puesto que aún no se ha dado respuesta a la treintena de alegaciones presentadas por distintos colectivos. Según la Consejera, la ley no establece la obligatoriedad de responder a las alegaciones, y aunque reconoció que las autorizaciones no han sido publicadas en el «Boletín Oficial», retó a IU a «recurrir por la vía administrativa y judicial si así lo estiman oportuno».
