Oviedo, Luján PALACIOS
La consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, desautorizó ayer al gerente del organismo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA), Julio Bruno, después de que éste criticara a algunos ayuntamientos por el proceso de ingreso de ancianos en las residencias del Principado.
Bruno responsabilizó esta semana al personal de ayuntamientos como los de Oviedo, Grado y Teverga del retraso en la tramitación de solicitudes de ayudas.
La Consejera reconoció ayer antes de intervenir en el Pleno de la Junta General que las declaraciones de Julio Bruno habían sido «desafortunadas». También admitió que el responsable de este organismo «no tiene una visión global de la puesta en marcha de la ley de la Dependencia». Rodríguez también señaló que de momento no se tomarán más medidas al respecto. Fuentes de la Consejería descartaron una posible dimisión del gerente del ERA a raíz de las palabras de la Consejera,
Pilar Rodríguez señaló, además, que lo que se debe hacer en este momento es explicar los procedimientos de entrada de las personas mayores en las residencias, a través de la ley del Anciano, aún vigente, o de la nueva ley de la Dependencia «dialogando y no confrontando».
En cuanto a las críticas por la falta de personal, Rodríguez replicó que la política de contrataciones «sigue siendo la misma de los últimos 8 años, con la convocatoria de vacantes cuando procede y una gestión mixta de los recursos».
Además, la consejera de Bienestar Social indicó que en el caso de la residencia de Sotrondio «se sigue el convenio firmado en la anterior legislatura», y que se está a la espera de que Sedes, la empresa constructora a la que se cedió la gestión de la residencia, haga saber la fórmula que le interese más «para ver si podemos colaborar en algo».
La gestión de la residencia de Sotrondio ya generó semanas atrás una controversia entre el PSOE e IU, antaño socio de gobierno. IU acusó a los socialistas de intentar privatizar la atención a los mayores a través de las residencias.
El PSOE esgrimió, como contraataque, el convenio firmado en su día por la anterior consejera de Bienestar Social, Laura González, de Izquierda Unida, por el que se cedía la gestión del centro a la empresa constructora, la compañía Sedes.
