Marián MARTÍNEZ

Oviedo,

El plan de trabajo de la Sindicatura de Cuentas es el nudo de una nueva disputa entre los grupos políticos. El PSOE alertó ayer del peligro que corre la independencia «obligada» de la institución encargada de fiscalizar las cuentas públicas «si hay síndicos que tienen más interés en responder a posiciones políticas que a otras cosas».

El origen del conflicto es que la síndica designada en su día por el PP, Mercedes Fernández, y el propuesto por IU, Antonio Arias, votaron en contra de que el plan de fiscalización para este año incluya a los tres grandes ayuntamientos de la región: Oviedo, Gijón y Avilés. La razón esgrimida por ambos fue la falta de personal para afrontar estos trabajos.

Sin embargo, a propuesta de Mercedes Fernández se amplió el programa de 2008 con otros cometidos: la supervisión de las cuentas del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (IDEPA), del Ente de Comunicación -del que dependen la radio y la televisión regionales-, de la constructora Sedes y los sueldos de los altos cargos del Principado. Precisamente aquello que el PP había pedido por carta a los síndicos.

De ahí que los socialistas sospechen de la existencia de relaciones de tinte político entre las votaciones de los dos síndicos designados por el PP e IU, que dejaron en minoría al Síndico Mayor, Avelino Viejo, propuesto por el PSOE.

Fuentes próximas a la Sindicatura de Cuentas explicaron ayer las razones esgrimidas por Mercedes Fernández y Antonio Arias. Una, «la falta más que evidente y palpable de auditores y de personal para afrontar un trabajo tan difícil como la fiscalización de los tres grandes ayuntamientos. La Administración local es un sector muy complejo, empezando por la legalidad de todo tipo que maneja». Otra, que «las cuatro áreas que se han añadido no suponen, en total, ni un 10 por ciento del trabajo que supondría fiscalizar al Ayuntamiento de Avilés (el más pequeño de los tres)». Sin olvidar, añadieron, que todos los ayuntamientos son fiscalizados por ley y deben hacer públicas sus cuentas todos los ejercicios.

Pero a los socialistas no les cuadran las cuentas. Fernando Lastra, portavoz del PSOE en la Junta General, fue rotundo: «Se ha alterado el plan de fiscalización, eliminando a tres ayuntamientos, uno de ellos el de Oviedo, gobernado por el PP, y se ha incluido lo que pidió este partido a los síndicos saltándose todos los trámites legales. Da la impresión de que se pretende actuar con el plan de fiscalización en función del color político de la institución a fiscalizar». Y añadió: «Es evidente que quien cumple escrupulosamente con los requisitos de idoneidad y objetividad es el Síndico Mayor, nombrado por el PSOE».

La diputada del PP Alejandra Cuétara dio una versión bien distinta. «Cuando Avelino Viejo compareció en la Junta y se le dio oportunidad de proponer cambios en el funcionamiento de un órgano que es colegiado, se dio por satisfecho. Pues tiene que aceptar las decisiones colegiadas y estar a la altura de las circunstancias». Admitió que el PP había «recomendado vigilar a las empresas y fundaciones públicas. Pero matizó que «la Sindicatura, por ley, tiene que fiscalizar las cuentas del Principado y la Universidad. Los ayuntamientos están fiscalizados aunque no lo haga la Sindicatura».