La huelga de Justicia eleva en tres millones el coste de la transferencia

l Migoya admite que el pacto entre Ministerio y sindicatos facilita el traspaso l IU pide al Gobierno que dé gracias a los trabajadores

16.05.2008 | 00:00
Ana Rosa Migoya toma notas, ayer, durante la intervención de Francisco Javier García Valledor.
Ana Rosa Migoya toma notas, ayer, durante la intervención de Francisco Javier García Valledor.

Oviedo, J. A. ARDURA

La transferencia de las competencias de Justicia por parte del Principado está pendiente de la evaluación económica del acuerdo que puso fin a la huelga de los funcionarios de esa área. La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, confirmó ayer ante la Junta General que el Gobierno regional ha solicitado al Estado toda la documentación relativa a ese acuerdo. Calculó que el pacto alcanzado obligará a elevar en casi tres millones el coste del traspaso.


Migoya reconoció que el compromiso alcanzado por el Ministerio de Justicia con los sindicatos UGT y CC OO hace «más fácil» cerrar el acuerdo entre el Principado y el Gobierno central. La portavoz del Gobierno regional daba así respuesta a una interpelación presentada por el diputado regional de IU Francisco Javier García Valledor, que se interesó por las transferencias pendientes de asunción por el Principado.


Valledor sostuvo que la Administración regional debería «agradecer» a los trabajadores de Justicia en el Principado que la prolongada huelga que mantuvieron «haya solventado en parte» algunas de las discrepancias que mantenían ambas administraciones. Y reprochó al Principado que «no tuviera un gesto de aliento» hacia los trabajadores de Justicia durante los dos meses que se prolongó el conflicto.


Según Migoya, el coste efectivo del traspaso de los medios materiales y humanos de la Justicia, que incluye a unos 1.100 empleados públicos, se incrementará en «cerca de tres millones de euros» como consecuencia de la aplicación de los acuerdos suscritos entre el Ministerio y los representantes sindicales.


La consejera de Administraciones Públicas admitió que el compromiso suscrito con los sindicatos facilita el acuerdo entre ambas administraciones, pero también hizo hincapié en que la «firmeza» del Gobierno regional ante el Estado, al no aceptar sus propuestas iniciales, ha permitido que las reivindicaciones de los trabajadores se dirigiesen al Ministerio y no al Principado «y que ahora los asturianos tuvieran que pagarlo de su bolsillo».


La Consejera anunció que el Gobierno convocará en breve la parte asturiana de la comisión mixta de transferencias para abordar la situación de los traspasos pendientes, entre los que figura, además de Justicia, la gestión de los parques nacionales, los recursos y aprovechamientos hidráulicos, el seguro escolar, la sanidad penitenciaria y los ferrocarriles cuyo trazado discurre íntegramente por territorio asturiano.


Tanto Valledor como Reinerio Álvarez, diputado regional del Partido Popular, urgieron la convocatoria de dicha comisión, que el diputado popular reclamó «hace un año» como instrumento necesario para ultimar esas transferencias.


Por otra parte, la consejera de Bienestar Social, Pilar Rodríguez, informó ayer, en respuesta a una interpelación de la diputada popular Inmaculada González, que hasta el momento el Ejecutivo del Principado ha recibido 17.104 solicitudes para acogerse a la ley de Dependencia, de las que más de 9.000 corresponden a grandes dependientes. Un tercio no llega a unos ingresos mensuales de 500 euros.

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