Oviedo, J. A. A.
La Sindicatura de Cuentas fue protagonista la pasada semana de un cruce de acusaciones entre los tres grupos parlamentarios de la Junta General del Principado.
El PSOE, concretamente su portavoz, Fernando Lastra, mantuvo públicamente que el único síndico que cumplía con su cometido correctamente era el Síndico Mayor, Avelino Viejo, nombrado a propuesta del PSOE. De paso, criticó la labor realizada por los otros dos, designados a propuesta del PP y de IU, que con sus votos evitaron la fiscalización a los principales ayuntamientos de Asturias, como Oviedo, Gijón y Avilés. En ese caldo de cultivo, la diputada popular Alejandra Cuétara emplazó a la Sindicatura a fiscalizar las cuentas de las empresas y de las fundaciones públicas.
El Pleno de la Junta General tenía ayer en su orden del día una proposición sobre la reforma de su reglamento que tenía por finalidad regular las relaciones tanto con la Sindicatura de Cuentas como con el Procurador General. Contra lo ocurrido la semana anterior, un acuerdo previo entre los tres grupos parlamentarios permitió recobrar la calma respecto a la Sindicatura. Tanta que ni siquiera hubo turno de intervenciones.
Los 44 diputados presentes votaron a favor de una serie de normas que fijan las relaciones entre la Cámara y la Sindicatura. Por ejemplo, los artículos de nuevo cuño permitirán a la Junta solicitar la actividad fiscalizadora de la Sindicatura en cualquier organismo integrante del sector público autonómico o de los perceptores de ayudas del Principado, siempre y cuando la petición cuente con el respaldo de, al menos, dos grupos parlamentarios.
Las entidades locales también podrán solicitar la intervención de la Sindicatura, si bien la solicitud deberá ir acompañada del acuerdo previo del Pleno municipal.
