Oviedo, J. A. A.
Los grupos parlamentarios de IU y PP se unieron ayer para rechazar en el Pleno de la Junta General del Principado la gestión realizada por la consejera Belén Fernández en la aplicación de las autorizaciones ambientales.
El diputado de IU, Francisco Javier García Valledor, responsabilizó a la Consejería que dirige Belén Fernández de «vaciar los contenidos de legislación, especialmente en reducción de residuos, de emisiones contaminantes y de consumo de agua y de energía». Valledor instó a la Junta «a expresar su preocupación por la incertidumbre jurídica y la situación de inseguridad en la que quedan las empresas asturianas por la vulneración grosera de la Consejería de Medio Ambiente del procedimiento legal para otorgar las autorizaciones ambientales integradas».
El diputado de la coalición también lamentó que la Administración regional «haya hurtado la participación social en ese proceso» y sostuvo que la intervención en la Cámara de Belén Fernández sirvió para corroborar que el Gobierno regional «hizo los deberes tarde, mal y nunca».
Valledor se quejó de que la Consejera no fuera capaz de informar al Parlamento del cumplimiento de los objetivos en la reducción de emisiones contaminantes y en la mejora del uso del agua, entre otras cuestiones. Las críticas de IU fueron compartidas por el diputado popular Marcial González, quien anunció que su grupo respaldaba la moción presentada por IU. El diputado popular calificó de «chapuza» la labor de la Consejería en ese procedimiento.
El contrapunto llegó de mano de la diputada socialista Elena Díaz Palacios, quien sostuvo que IU se ha precipitado en sus críticas. La votación final arrojó un resultado favorable a la moción de IU, que con el apoyo del PP sumó 23 votos frente a los 21 del Gobierno. Ahora el Ejecutivo deberá concretar, antes de finales de junio, los niveles de cumplimiento en reducción de emisiones contaminantes, generación de residuos y uso eficiente del agua.
PP e IU también se unieron para forzar al Gobierno regional a elaborar un reglamento que desarrolle la legislación estatal de medidas sanitarias frente al tabaquismo, pese a que la diputada socialista Pilar Alonso mantuvo que la pretensión de los populares es «contar con una normativa que atenúe la norma básica estatal, como en Madrid».
