jesús chamorro gonzález
Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA
 

«Los jueces asturianos realizan un esfuerzo diario que no es reconocido por todos» Juristas de prestigio para analizar la nueva ley de Contratos del sector público

l «El número de sentencias sin ejecutar no es excesivo» l «El juez no puede estar pidiendo cuentas de los asuntos que llevan sus funcionarios»

17.05.2008 | 00:00
«Los jueces asturianos realizan un esfuerzo diario que no es reconocido por todos» Juristas de prestigio para analizar la nueva ley de Contratos del sector público
«Los jueces asturianos realizan un esfuerzo diario que no es reconocido por todos» Juristas de prestigio para analizar la nueva ley de Contratos del sector público

Oviedo, L. Á. VEGA

El magistrado Jesús Chamorro González, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) -y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura-, no considera preocupantes las cifras de asuntos pendientes en la justicia asturiana, aunque augura problemas en el órgano que preside si no se incluye a los jueces en los previstos planes de refuerzo para solucionar el atasco generado por la huelga de funcionarios. «Puede crearse un cuello de botella por lo que respecta a las sentencias», advierte.


-Se han conocido los datos de asuntos pendientes en todas las jurisdicciones de Asturias. En la Sala de lo Contencioso-Administrativo superan los cinco mil. ¿Son demasiados?


-A 1 de enero había unos 5.200 asuntos, de los cuales 500 estaban pendientes de salida. A la altura de marzo esos asuntos pendientes se habían reducido a unos 4.000 o 4.500, aunque no tengo datos debido a la huelga. La sala va bien, si se compara con los 14.000 asuntos pendientes que había en mayo de 2004. En menos de cuatro años hemos bajado en más de un 50 por ciento. Hemos bajado, aunque no estamos en las mejores cifras, que deberían ser entre 3.000 y 3.500 asuntos pendientes de resolver.


-¿Cuáles son los períodos de resolución?


-Los recursos de apelación se están resolviendo en uno o dos meses. Los contenciosos se mueven entre los dos y los tres años, pero hay que tener en cuenta que en 2004 esos procesos podían durar entre cuatro y seis años. La Sala de lo Contencioso-Administrativo sigue siendo un órgano de instancia, no de apelación, como otras salas del Tribunal Superior de Justicia, que tienen unos plazos de resolución más cortos.


-¿Qué consecuencias ha tenido la huelga?


-Ha parado todo lo que había y ha dejado asuntos que no han podido presentarse, pruebas que no han podido practicarse, asuntos pendientes de sentencia...


-¿Solucionarán la situación los planes de refuerzo?


-A día de hoy, la Sala de lo Contencioso-Administrativo no cuenta con planes de refuerzo. Se está diciendo que sí los habrá. Pero existe el riesgo de crear un cuello de botella por lo que respecta a las sentencias. Los planes incluyen sólo a personal funcionario, pero no a magistrados y secretarios. No se puede pretender que los magistrados tramiten el triple de trabajo sin que a su vez se triplique el número de jueces. Cualquier impulso para solucionar el atasco de la huelga debe ser tomado por los jueces, pero hasta ahora no se ha contado con ellos para los planes de refuerzo.


-¿No son demasiados 47.000 asuntos pendientes al cierre del año 2007?


-En Asturias no tenemos un especial retraso. Éste no es un servicio que pueda funcionar de hoy para mañana. Se necesita tiempo para tratar los asuntos, que requieren un trámite mínimo, no inmediato. Tenemos una buena ratio de jueces por población, y los magistrados en Asturias están resolviendo por encima de la media de los españoles. Habría que considerar en su justa medida esos datos, porque hay carencias que se están solucionando a base de esfuerzo personal de los jueces asturianos. Hay carencias de material y en algunas jurisdicciones es necesario crear nuevos órganos, pero se puede decir que la Justicia en Asturias es de una calidad óptima.


-Es quizá más preocupante el número de sentencias sin ejecutar, que el presidente del TSJA ha cifrado en unas 7.000.


-Ese número puede parecer alto, pero tampoco es excesivo. El juez se sirve de unos medios personales determinados. Lo que no se puede esperar es que sea omnipresente, no puede estar pidiendo a los funcionarios que le den cuenta de todos los asuntos que están llevando. Un número excesivo de sentencias pendientes puede ser un fallo del juez o de la oficina judicial, del que en cualquier caso deben responder. Pero también hay que tener en cuenta que hay muchas sentencias que tardan en ejecutarse cinco, diez, quince años, o incluso más tiempo. Por ejemplo, hasta que una condena, del tipo que fuere, no se liquida, la sentencia no se da por ejecutada. O hasta que no se paga el justiprecio de una expropiación, algo que puede llevar dos años, no se da por finalizado el asunto.


-Toda esta polémica de las sentencias sin ejecutar viene a cuento del crimen de la niña Mari Luz. ¿Qué pudo pasar?


-Está investigándolo aún la inspección, pero está claro que se ha producido un multifallo y habrá que ver dónde. Debe tenerse en cuenta que los jueces están trabajando con unos medios materiales obsoletos. Si entra en el Tribunal Superior de Justicia verá usted las mesas y sillas que hay allí. Cuanto más se invierta en la Justicia, mejor funcionará. La Justicia no ha sido bien tratada en los últimos treinta años. Lo que sí está claro es que los jueces asturianos realizan un esfuerzo diario que no es reconocido por todos los estamentos. Tienen una preparación técnica contrastada y el saldo es positivo en cuanto a formación. El problema de la Justicia no son los jueces ni su dedicación al trabajo.


-¿Cuál es entonces?


-El problema de entrada es que depende de tres administraciones diferentes. Los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial; los fiscales y los forenses, del Ministerio de Justicia, y los funcionarios, de la Administración autonómica, en las comunidades transferidas. Hace falta avanzar en fórmulas y cauces que permitan llevar a cabo una acción coordinada.

La Consejería de Justicia y el TSJA reunirán del 21 al 23 de mayo a un nutrido grupo de juristas para analizar la nueva ley de Contratos del sector público. Las jornadas contarán con Rafael Fernández Valverde, magistrado del Supremo; Federico López de la Riva, secretario general del Ayuntamiento de Madrid, y Dámaso Ruiz-Jarabo, del Tribunal de Justicia de la UE. En la foto, Gonzalo Olmos, director de la Oficina de Relaciones con la Junta; Jesús Chamorro, director de las jornadas, y Manuel Cabaleiro, director de Justicia, en la presentación.

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