Las manifestaciones del presidente Zapatero y las del vicepresidente Solbes abundan en el compromiso de tener definida la estructura del nuevo modelo de financiación autonómica antes del 9 de agosto, iniciando el proceso formalmente con la inminente reunión del Consejo de Política Económica y Fiscal, desoyendo así las recomendaciones de distintos responsables y dirigentes autonómicos del propio Partido Socialista en el sentido de que la situación de desaceleración o crisis económica hacía aconsejable aparcar la cuestión.
Es, por ello, urgente delimitar la propuesta que Asturias debe defender en la negociación para la concreción del modelo de financiación autonómica, desde la perspectiva de que sólo la suficiencia en los recursos económicos permite el ejercicio del autogobierno y la autonomía, garantizando la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo de los mecanismos de redistribución de la riqueza y progreso social.
La lógica exige que la determinación del nuevo modelo de financiación autonómica deba de ir precedida del análisis de las insuficiencias que se han derivado de la aplicación del que aún está vigente. En el caso asturiano resulta fundamental la constatación de que el modelo actual provee, a través de los ingresos fiscales, únicamente el 59,9% del gasto de la comunidad, mientras que el promedio estatal llega al 66,6%, lo que manifiesta claramente la importancia que para los asturianos tienen los mecanismos de convergencia y solidaridad.
Por otra parte, no será posible encontrar una propuesta adecuada sin un amplio conocimiento de la totalidad de los indicadores e índices de las cuentas públicas, desde los saldos fiscales a los comerciales, pasando por el estudio comparado del coste de los servicios en las distintas comunidades autónomas, así como los llamados saldos sociales.
En todo caso, es imprescindible que la negociación sea multilateral. No cabe otro escenario posible sin perjuicio de que la concreción del resultado de la misma, en cada territorio, se haga entre la Administración del Estado y cada una de las autonomías. En este proceso debe tener un papel destacado no sólo el Consejo de Política Económica y Fiscal, sino también la Conferencia de Presidentes que tiene la oportunidad, con este debate, de justificar su propia existencia.
Asimismo, sería inteligente aprovechar para plantear una reflexión: el incremento de la capacidad fiscal de las comunidades autónomas no puede servir para impulsar más rebajas fiscales. Es contraproducente. Supone, además, más dumping fiscal entre los territorios (eso es lo que ha ocurrido hasta ahora y, obviamente, sólo ha favorecido a aquellas autonomías con más posibilidad de recaudar como consecuencia de haber generado mayor riqueza). El resultado de esa alocada carrera emprendida por muchos es claro: los que más tienen menos pagan y todos tenemos menos recursos para financiar los servicios públicos, las políticas esenciales (creación de empleo, promoción de vivienda protegida, educación, sanidad?) o las prestaciones sociales (pensiones, desempleo, becas?).
Asturias necesita, en primer lugar, que el sistema contemple el criterio de envejecimiento y, más que el de la dispersión de la población, -porque hay una gran concentración en el área central-, las dificultades orográficas que encarecen la prestación de los servicios.
No podemos olvidar que el retraso de varias décadas en las inversiones fundamentales para el desarrollo económico y social de Asturias supone también una peculiar anotación en el «debe» del balance de Asturias. Este retraso, esta dejadez supuso claras limitaciones para nuestra economía. Sus consecuencias son aún palpables. Y a esta situación responde el importante volumen de inversión pública del Estado, un hecho coyuntural que puede intentar resarcir de tantos años de abandono, pero que no ofrecen garantía de estabilidad inversora alguna. En definitiva, es necesario recordar que otros no están mejor porque hayan trabajado más, sino porque su desarrollo fue impulsado primero.
Un elemento de enorme trascendencia y relevancia es la necesidad de establecer criterios de convergencia que garanticen la suficiencia más allá de la anunciada nivelación parcial (sanidad, educación y, en el mejor de los casos, servicios sociales esenciales), puesto que no se pueden ignorar las necesidades de la justicia, última garantía de todos los derechos, el medio ambiente o el desarrollo del cuarto pilar del Estado del bienestar (un ambicioso modelo de servicios sociales públicos que debe ir más allá de la atención a la dependencia). El objetivo sólo puede ser la convergencia de la calidad de servicios y prestaciones en el conjunto del Estado.
Además, y aunque resulte muy complejo de determinar, Asturias debe defender que se considere la intensidad del uso de los servicios públicos y prestaciones sociales, dado que ésta es menor en las comunidades más dinámicas económicamente (en las que hay más capacidad en algunos sectores sociales para acudir a la oferta privada).
La última garantía debiera residir en que se fije un mecanismo dinámico que permita la corrección de las carencias que se vayan produciendo en la aplicación del modelo.
Sería un grave error cerrar el modelo de financiación autonómica sin abordar otro de los asuntos que han sido víctimas de un abandono silenciado: la financiación de los ayuntamientos. La Administración local soporta buena parte de los servicios públicos y carece de los recursos necesarios para gestionarlos con calidad. Para Izquierda Unida es necesario dar respuesta a este problema y resolver el sistema que debe regir la financiación de los municipios solventando sus actuales dificultades.
Finalmente, un Gobierno en minoría, como el asturiano, no puede acudir a esta negociación sin un pronunciamiento previo de la Junta General del Principado, sobre todo, cuando hay posibilidades reales de alcanzar un acuerdo que puede ser unánime.
Jesús Iglesias, coordinador general de IU de Asturias.
