Oviedo, Idoya RONZÓN
Un total de 273 menores delincuentes cumplieron en la región algún tipo de medida judicial durante 2007, un 15 por ciento más que en 2006, según los datos facilitados por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado. En total, el Juzgado de Menores de Asturias, tutelado por la juez María Fidalgo, impuso el año pasado 360 medidas (en el caso de los menores se imponen medidas, no penas, según los términos de la ley del Menor), 80 de ellas de internamiento. El número de medidas impuestas por la juez y el de menores condenados no coincide porque puede darse el caso -y de hecho se da- de que un joven sea castigado al cumplimiento de más de una medida en la misma sentencia.
De las 80 medidas de internamiento dictadas el año pasado, 73 fueron en régimen semiabierto (los menores residen en el centro, pero pueden realizar actividades en el exterior), otras dos en régimen abierto (su «domicilio» es el centro, pero su formación se realiza completamente fuera) y cuatro en régimen terapéutico, en el caso de problemas mentales. Sólo hubo un ingreso en régimen cerrado. En 2006, el Juzgado dictó 71 medidas de internamiento, nueve menos que el año pasado. No obstante, según el Principado, a pesar de este aumento de medidas, el número de menores ingresados fue menor, 56 frente a los 60 de 2006. Esto se explica porque un mismo menor pudo ser internado varias veces, tras reincidir. En 2005, la cifra se elevó a 69 menores.
Asturias cuenta en la actualidad con dos centros específicos para las medidas de internamiento: el de Sograndio (Oviedo), con 68 plazas, ocho de ellas en el módulo terapéutico para menores con problemas mentales, y la Casa de Reinserción Social de Roces (en Gijón), con seis plazas más. Este último está gestionado a través de un convenio de colaboración con la entidad «Trama», cuyo objetivo es el cumplimiento de medidas judiciales de menores cuyo nivel de inserción social es más avanzado o bien se encuentran al final de su período de internamiento. De las 80 medidas de internamiento dictadas en 2007, sólo en doce casos se trató de mujeres. Curiosamente, el único internamiento en régimen cerrado que se ordenó fue a una adolescente.
Junto con los internamientos, el Juzgado dictó 280 medidas alternativas: 113 de libertad vigilada, 101 de trabajos en beneficio de la comunidad, 60 de cumplimiento de tareas socioeducativas, tres tratamientos ambulatorios y otros tres de asistencia a un centro de día. En 2006, esta cifra fue de 260. Para el cumplimiento de las prestaciones en beneficio de la comunidad, el Principado tiene firmados convenios con diez ayuntamientos: Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres, Langreo, Pola de Lena, Siero, Grado, Noreña y Laviana.
Además, más de cien menores infractores evitaron el año pasado que se siguiera un procedimiento judicial contra ellos a través del programa de mediación extrajudicial iniciado en 2005 por la Consejería de Justicia en colaboración con Cruz Roja Juventud, y que actúa a instancia de la fiscalía como una alternativa a los juzgados. El programa está dirigido a infractores de 14 a 18 años y, ante hechos de menor gravedad o menores que infringen la ley por primera vez, consigue soluciones a partir de la conciliación con la víctima o la realización de actividades reparadoras, servicios en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas. La fiscalía de menores, que coordina Jorge Fernández Caldevilla, derivó el año pasado a este programa a 116 menores, un 25 por ciento más que en el año anterior (91).
