Oviedo, J. A. ARDURA
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, se mostró ayer muy crítico con la «extraña relación» que mantienen en Asturias el Gobierno socialista y el Partido Popular. El dirigente de la coalición usó un símil boxístico para definir la actitud de ambas formaciones que, a su juicio, se encuentran en apuros.
«Un Gobierno en situación de debilidad (el presidido por Álvarez Areces) y un partido con problemas internos (el PP) tras el último resultado electoral se comportan como dos boxeadores sonados, que se abrazan para sostenerse mutuamente», planteó Llamazares. El dirigente de IU añadió que «Asturias no necesita eso» y sostuvo que «los asturianos asisten con perplejidad» a los acuerdos entre ambas formaciones en materia política, económica y presupuestaria. Según Llamazares, la comunión entre PSOE y PP afectará al nuevo Estatuto de Autonomía. «Asturias se quedará con un Estatuto de segunda».
Las críticas al entendimiento entre el Ejecutivo de Vicente Álvarez Areces y el PP también fueron compartidas por el coordinador de IU de Asturias, Jesús Iglesias, para quien las coincidencias entre ambas formaciones «empiezan a ser estratégicas. El PP empieza a ser el socio preferente del Gobierno en Asturias». El portavoz parlamentario de IU en la Junta General del Principado fue más allá al sostener que esa postura de ambos partidos entraña «una derechización del Gobierno de Asturias, que ya quedó patente en el proyecto de presupuestos».
Pese a esos reproches, Jesús Iglesias eludió pronunciarse sobre si IU apoyará el segundo crédito extraordinario que registrará hoy el Gobierno en la Junta General. «Primero queremos conocer el proyecto, porque el Gobierno no ha tenido la cortesía de adelantarnos su contenido antes de presentarlo en la Cámara. Imagino que este proyecto de ley tiene garantizado el respaldo del PP, y que sus ayuntamientos han sido muy bien tratados». Por otra parte, Llamazares se mostró convencido de que en la reforma de la financiación autonómica «se llegará a un acuerdo en el debate entre territorios, porque siempre se ha logrado». E hizo hincapié en que la reforma debe garantizar «más recursos para sanidad, educación, servicios sociales y justicia».
