Oviedo, L. Á. VEGA

Por mucho que digan algunos, esto sigue sin ser Sudamérica y tratar de sobornar a un agente de la ley puede salir caro, realmente caro. Si no, que se lo pregunten a un empresario avilesino, Ignacio Z. B., que se enfrenta a una pena de tres años de cárcel, así como a una multa por, supuestamente, intentar «comprar» a dos guardias del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. El fiscal entiende que el empresario pudo haber cometido un delito de cohecho.

Los hechos ocurrieron en julio de 2006 cuando una pareja de guardias del citado servicio se presentó en las empresa del acusado, que se dedica al transporte y a las excavaciones. Los agentes iban con la intención de inspeccionar el vertedero de las instalaciones, situadas en la localidad de Perdones, en el concejo de Gozón.

Las cosas no debían estar muy en su sitio, ya que el empresario, siempre según la versión de los agentes y del ministerio público, recogida en el escrito de acusación, decidió que la única salida que tenía era intentar «suavizar» a los guardias. Con ello trataba de impedir que le abriesen un expediente por incumplir la normativa medioambiental, que podría llevar aparejadas fuertes sanciones económicas.

Debió hacer unos cálculos rápidos sobre la cantidad que podría convencer a los agentes, o quizá no tenía más dinero a mano, pero el caso es que le puso a uno de ellos un billete de quinientos euros en la mano -más de un tercio del sueldo de un guardia de base-, «con la evidente intención de que hiciera la "vista gorda" sobre las posibles infracciones que observase», según reza el escrito de acusación del fiscal.

El guardia, se supone que herido en su dignidad profesional y quizá sorprendido, decidió de inmediato presentar una denuncia contra el ahora acusado que carece de antecedentes penales y, que se sepa, no había cometido nunca un acto semejante.

Ahora el fiscal del caso, Jesús Villanueva -jefe del destacamento fiscal de Avilés- solicita para el empresario tres años de cárcel, así como una multa de mil euros, justo el doble de la cantidad presuntamente ofrecida.

La petición del fiscal puede reducirse fácilmente a dos años de prisión, a condición de que el acusado se declare autor de los hechos, con lo que podría evitar el ingreso en la cárcel, siempre que el juez y el fiscal lo consideren oportuno.

La vista del juicio tendrá lugar en la sección segunda de la Audiencia Provincial, en Oviedo, el próximo jueves por la mañana.

A la vista han sido convocados los dos guardias que estaban realizando la inspección, que actúan como testigos de los hechos denunciados.