Oviedo, J. A. ARDURA

«Esta intervención general cumple perfectamente la legalidad vigente». Margarita González Marroquín, interventora general del Principado, respondió ayer con esa contundencia a las acusaciones de la diputada popular Alejandra Cuétara, quien puso en tela de juicio la fiscalización realizada por la interventora general porque «es hermana de sangre» de Víctor González Marroquín, responsable del IDEPA y de la Sociedad Regional de Promoción, que gestiona más de 60 millones de euros al año.

Cuétara sostuvo que «cada minuto» que la interventora general permanece en su cargo «está incumpliendo la ley de incompatibilidades de altos cargos», dado su parentesco con Víctor González Marroquín, alto cargo del Principado y marido de Paloma Sainz, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo. Margarita González Marroquín replicó a la diputada popular que ella no fiscaliza «directamente al IDEPA», sino que esa tarea está encomendada «a un interventor delegado con independencia funcional».

Cuétara no se dio por satisfecha con las explicaciones de Margarita González Marroquín y acabó con un desafiante «tómelo como un aviso, indagaremos todas las fórmulas legales y parlamentarias para que se restablezca la legalidad en la Administración asturiana».