La carrera profesional, en tela de juicio

Oviedo, E. G. / J. E. M. / M. P.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) hará público esta semana el fallo por el recurso sindical contra algunos puntos de la resolución de la carrera profesional publicada en el «Boletín Oficial del Principado» (BOPA) en mayo de 2007, y que previsiblemente puede afectar a la citada resolución en contra de los intereses de la Administración regional.

Los sindicatos CSIF y Suatea, junto con Comisiones Obreras y la Corriente Sindical de Izquierda habían iniciado hace ahora dos años movilizaciones que acabaron con el recurso ante los tribunales. Las centrales esperan la sentencia «de un momento a otro», después de que una de las secciones de la sala correspondiente del Tribunal Superior se reuniera el pasado martes para votación y fallo. Mañana, lunes, o el próximo martes serán llamados los procuradores de ambas partes para comunicar una sentencia que puede echar abajo parcialmente la citada resolución.

Fuentes sindicales aseguraban ayer a este periódico que «ya desde el pasado mes de noviembre estamos en la idea de que el fallo iba en contra de la resolución de administraciones públicas». En concreto los esfuerzos sindicales se centraron en matizar las condiciones de compromiso del beneficiario de la carrera profesional que aseguran que respondían a «criterios poco definidos». Un portavoz del CSIF calificaba ayer algunos de esos puntos de la resolución administrativa como «un cheque en blanco».

Según las mismas fuentes, el fundamento de la resolución está en la ausencia de una norma que sustente la carrera profesional. El Principado, afirman fuentes del sindicato educativo ANPE, «se escuda en que va a incorporar la carrera a la ley de la función pública, que puede que no vea la luz hasta octubre o noviembre de 2010». Esta organización sindical se declara favorable a la carrera profesional, pero «vinculándola al desarrollo normativo». También espera varapalo.

El fallo va a afectar a unos 19.000 funcionarios, todos excepto los de sanidad. Entre ellos figuran más de siete mil docentes, aproximadamente el ochenta por ciento de los más de nueve mil funcionarios docentes del Principado, que en su día se adhirieron a la carrera profesional. Ésta se concibe como un pacto con la Administración para percibir mayores retribuciones a costa de compromisos de objetivos profesionales. La sentencia afectaría también al resto del funcionarios de la Administración pública y justicia. Los funcionarios de sanidad ya disfrutan de la carrera desde hace tiempo y no les afecta la inminente resolución del TSJA. En diciembre de 2006 un acuerdo entre Administración y sindicatos propició el pago a cuenta del primer nivel. Una de las condiciones para beneficiarse de la carrera profesional era un mínimo de cinco años de actividad docente como funcionario con plaza fija. La adhesión a la carrera profesional es voluntaria.

Desde uno de los sindicatos que presentaron el recurso, o uno de los muchos que se han interpuesto en contra de la carrera profesional del Principado, la Corriente Sindical de Izquierda, se apuntaban ayer «esperanzas «de un fallo favorable» para sus intereses. Al justificar la presentación de la demanda, se refiere a «las grandes diferencias salariales entre los grupos, hasta llegar a cuadruplicar los salarios entre categorías, y porque se excluye de la carrera profesional al personal interino», un aspecto en el que no esperan que el fallo les dé la razón. Además, continúan, las mejoras inherentes al desarrollo de la carrera se conceden de forma arbitraria y «se encuentran en manos de los políticos en lugar de ser decisiones técnicas». En todo caso, aunque la sentencia no derrumbe todos los acuerdos de la carrera y sólo cuestione algunos puntos concretos, desde CSI se considera trascendente que el fallo pueda sentar jurisprudencia y «dar pie a nuevas reclamaciones».