Miles de funcionarios pierden hasta 216 euros al mes al tumbar la justicia la carrera profesional

Oviedo, I. RONZÓN / P. G.

El régimen de retribuciones y primas que aplica la Administración del Principado, tras aprobarlo Vicente Álvarez Areces durante la campaña electoral de las últimas autonómicas, saltó ayer definitivamente por los aires. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) hizo pública la anulación de la resolución del Gobierno del Principado de mayo de 2007 sobre la que se sustenta la carrera profesional de miles de funcionarios de la Administración regional (servicios públicos, enseñanza y justicia). El motivo: no existe un desarrollo legal que dé sustento al sistema de retribuciones, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el domingo 24 de mayo.

El fallo da la razón a un recurso presentado por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), apoyada por CSIF, SUATEA y USO. La decisión del TSJA deja en el aire las mejoras salariales que perciben desde 2007 unos 19.000 funcionarios, más de la mitad de los aproximadamente 35.000 que trabajan para el Principado. La mayoría de los de sanidad no están afectados.

Así, y dependiendo de la categoría profesional de cada funcionario (hay cinco como muestra el gráfico de la página 23), cada empleado podría dejar de percibir entre 56 y 216 euros, lo que anualmente se traduce en una pérdida entre los 2.601 euros y los 676,32 euros.

La carrera profesional es un sistema de primas centradas, fundamentalmente, en la antigüedad y en el cumplimiento de objetivos. A cambio la Administración exige a los funcionarios cumplir con ciertos criterios, como ampliar su formación y ser evaluados. Al año el Principado desembolsa más de 35 millones de euros por este concepto.

La decisión del TSJA, que el Principado tiene diez días para recurrir, abre ahora varios interrogantes, como es saber qué pasará a partir de ahora con el complemento salarial de la carrera profesional, que el Gobierno del Principado decidió adelantar en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas de 27 de mayo de 2007 a la ley de la Función Pública autonómica, que aún no ha sido aprobada y que puede ver la luz entre octubre o noviembre de 2010. El Gobierno anunció que preveía adelantarla.

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