Oviedo, P. G.
Graciano Torre, consejero de Industria del Principado, aseguró ayer que «en principio no tengo ningún tipo de desconfianza a que las cosas están siguiendo la normativa vigente» ante las acusaciones del PP sobre las supuestas irregularidades que en materia de contratación se están produciendo, a juicio de los populares, en el IDEPA.
Tomando como guión el informe provisional de la Sindicatura de Cuentas, que habla de criterios subjetivos de contratación del ente que dirige Víctor Marroquín, el PP, a través de sus diputados Agustín Cuervas-Mons y Ramón García Cañal, aseguró que en el IDEPA se «abusa» de los contratos menores (que se adjudican directamente) para fraccionar contratos de mayor entidad económica, lo que obligaría a sacarlos a concurso público. El PP asegura que en 2006 el IDEPA facturó «unos 900.000 euros en contratos menores». Además, criticó la forma de adjudicación del servicio de comunicación del IDEPA a una empresa vinculada a UGT, cuya gerente es Carmen Caballero, edil del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo que se ha significado en las denuncias sobre el polígono de Olloniego.
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