Oviedo, J. A. ARDURA
El Ministerio de Educación está dispuesto a tener listo en un año el Estatuto del Docente, una normativa estatal pendiente que es considerada básica por el Principado para dar cobertura legal al desarrollo de la carrera profesional, anulada en Asturias por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA). Esta norma permitiría a siete mil docentes cobrar el complemento.
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se reunió ayer con los sindicatos de la educación pública en la primera mesa de negociación convocada por la Administración central en ese ámbito desde 2007. «El Gobierno asturiano debería tomar buena nota, porque es una de las pocas autonomías donde no hay mesa sectorial», manifestó Augusto Serrano, representante de la confederación de sindicatos de trabajadores de la enseñanza (STES), en la que está encuadrada la central asturiana SUATEA. Gabilondo se comprometió ayer a reunir de nuevo a los sindicatos el próximo 10 de septiembre para iniciar las negociaciones sobre el Estatuto del Docente. Una vez que haya acuerdo entre sindicatos y Ministerio, el Estatuto del Docente iniciará la tramitación en el Congreso de los Diputados. La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, ha asegurado que el Principado no retomará la carrera profesional hasta contar con el Estatuto del Docente. Migoya también ha afirmado que el Principado se dirigiría al Gobierno central para pedirle que agilizara dicha normativa.
El TSJA anuló el desarrollo de la carrera profesional en el Principado por carecer de base legal. Dicho fallo dejó en el aire el complemento pagado a cuenta a 14.000 funcionarios, de los que prácticamente la mitad, unos siete mil, son profesores. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, se comprometió la pasada semana a desarrollar la ley regional de función pública, que daría cobertura y permitiría reanudar los pagos a siete mil de esos funcionarios, pero los profesores deberán esperar, además, la norma estatal del Estatuto del Docente. No obstante, Serrano sugirió que el Principado podría abonar esa cantidad por su cuenta.
