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El Principado da marcha atrás y anuncia ahora que mantendrá el plus a 14.000 funcionarios

El Gobierno pagará el complemento según la fórmula anulada por el Tribunal Superior de Justicia al considerar que el fallo no es firme - Migoya rechaza aprobar el abono al resto de trabajadores, unos cinco mil, «pues no es oportuno ir contra la sentencia»

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El Principado da marcha atrás y anuncia ahora que mantendrá el plus a 14.000 funcionarios
El Principado da marcha atrás y anuncia ahora que mantendrá el plus a 14.000 funcionarios jesús farpón

Oviedo, Marcos PALICIO /

J. A. ARDURA

El Principado seguirá pagando el plus de la carrera profesional -hasta 216 euros por persona- a catorce mil funcionarios, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anuló el complemento. El Gobierno del Principado da marcha atrás -su portavoz Ana Rosa Migoya había anunciado tras la sentencia que la Administración dejaría de pagar el complemento debido a la «debilidad jurídica» del acuerdo que lo desarrollaba- y asegura ahora que no tocará la carrera profesional.

La Administración seguirá así pagando los complementos retributivos sólo a los funcionarios que ya los estaban percibiendo, los 14.000 que firmaron la carrera, y mantendrá sin plus a los 5.000 que no se adhirieron al acuerdo. El Ejecutivo regional prolongará los pagos pese a que la sentencia del TSJA anuló el desarrollo de la carrera y, más concretamente, ese procedimiento de pagar sólo a quien firmara.

El Principado, que se comprometió a acatar el fallo del TSJA, incluso al día siguiente de conocer el recurso al Supremo presentado contra él por el sindicato ANPE, decide ahora mantener los pagos. El Gobierno, que se había posicionado, a través de su portavoz Ana Rosa Migoya, incluso contra los recursos, porque podrían acabar forzando una devolución del dinero, mantiene el pago al entender que la sentencia no es firme, puesto que los recursos de casación interpuestos -por UGT y CC OO, además de por ANPE- aplazan la resolución definitiva del proceso. Según fuentes jurídicas, sin embargo, el Principado no está obligado a seguir pagando, toda vez que la mera presentación de los recursos no anula la validez de la sentencia. De esta forma, el Ejecutivo era libre para elegir.

La rectificación llega tras una reunión entre el Gobierno regional y los sindicatos representados en la mesa de negociación general: UGT, CC OO, CEMSATSE y USIPA, que se mostraron «satisfechos».

Con esta decisión, el Principado aleja el problema. Ataja la crítica de los funcionarios al seguir pagando y gana alrededor de cinco años, la media que tarda el Supremo en resolver, para legalizar la carrera. Ayer se comprometió de nuevo a agilizar los trámites legislativos sin dar los plazos concretos que pedían los sindicatos mayoritarios.

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, afirmó, según un comunicado hecho público ayer, que la Junta General recibirá una propuesta para legalizar la carrera profesional «en el próximo período de sesiones» -tras el verano- y admitió, eso sí, las situaciones distintas en que se encuentran los funcionarios docentes y el resto de funcionarios. «El marco definitivo para recoger a todo el conjunto de empleados públicos del Principado», aseguró el Presidente, «se va a poder hacer a través de una ley de Función Pública del Principado y de un estatuto básico docente, cuyo desarrollo exige que previamente lo aborde el Gobierno de España». A la tramitación de esta ley, que está paralizada, le queda, según el Ministerio, al menos un año.

Portavoces de sindicatos sectoriales, CSIF y ANPE entre ellos, llamaron la atención sobre el cambio de postura del Principado. El presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez, tiene una explicación. «No van a acatar la sentencia», apunta, «porque tras la presentación de nuestro recurso se asesoraron en una consultoría de Madrid muy renombrada y les dijeron que el recurso estaba bien planteado y que debían seguir pagando».

Mientras tanto, la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, descartó ayer ampliar los pagos a cuenta de la carrera profesional a los 5.000 profesores que no se incorporaron a ella dentro del plazo preceptivo, bien porque no lo juzgaron oportuno o porque no cumplían las condiciones fijadas por el Principado. Migoya justificó esa negativa en el interés del Gobierno regional de acatar la sentencia del TSJA. «No parece oportuno abrir en este momento decisiones que van en dirección contraria al fallo».

La reunión de ayer -en la imagen- escenificó el «cambio de escenario» que habían anunciado los sindicatos mayoritarios respecto al ámbito de negociación. Este mes se convocarán las mesas sectoriales a las que UGT y CC OO se oponían hasta ahora en contra de la postura de los sindicatos minoritarios. Éstos ponen reparos al modo en el que se ha acordado su constitución. SAE, Sindicato de Auxiliares de Enfermería, detecta un detalle en la «letra pequeña» según el cual «los acuerdos de las mesas sectoriales, donde UGT y CC OO no tienen mayoría, deberán ser ratificados por la mesa general y quedarán, por tanto, subordinados a su aprobación en ésta, donde sí la tienen».

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