Asturias espera la última oferta de Economía para decidir si aprueba la nueva financiación

J. A. ARDURA / Agencias

Llega el día H de la nueva financiación autonómica. El Gobierno asturiano espera que el Ministerio de Economía comunique hoy su última oferta sobre el nuevo sistema para decidir si aprueba la reforma o, por el contrario, hace presión junto a las autonomías más disconformes. La negociación ha entrado en su fase más intensa y son pocas las comunidades que, hasta el momento, se dan por satisfechas con los compromisos del Gobierno central, aunque Cataluña, Valencia y Madrid son, con diferencia, las menos críticas con la revisión del sistema. El Gobierno daba ayer por cerrado un principio de acuerdo con Cataluña.

El Principado no había recibido ayer ninguna oferta sobre la cantidad total que Asturias recibirá en el nuevo reparto ni sobre la participación en los fondos adicionales del sistema de financiación autonómica, según confirmaron fuentes de la Presidencia. Y eso que hubo contactos telefónicos entre responsables de los ejecutivos asturiano y central. En principio, el Gobierno asturiano confía en disponer de alguno de esos datos a lo largo de la jornada de hoy, incluso baraja la posibilidad de que la ministra de Economía, Elena Salgado, ofrezca todos los detalles del nuevo sistema en una comparecencia oficial mañana, sábado.

Entre tanto, el Gobierno regional no se aparta un ápice del discurso mantenido en los últimos días: se admite la existencia de avances, sobre todo referentes a una mejor valoración del envejecimiento, pero aún es insuficiente la ponderación que el Gobierno central concede a la dispersión en el futuro sistema.

La dispersión se ha convertido en una variable clave para todas las autonomías que tienen una población envejecida y, además, muy diseminada por el conjunto de su territorio. Y es que la dispersión será un criterio que, una vez reconocido, no estará sujeto a cambios, mientras que el envejecimiento, asociado a la población, puede hacer variar, a la baja, el volumen de recursos procedentes del reparto estatal. De ahí que Asturias y otras autonomías, como Galicia, Castilla y León, Cantabria y Extremadura, den más importancia a la evolución futura del modelo que a la cantidad que recibirán el primer año, con toda seguridad mayor que la del ejercicio precedente, según ha destacado el Gobierno central para vender las bondades de su nuevo sistema.

El Gobierno asturiano no quiere oír hablar de frentes en la fase definitiva de esta negociación. Pero la portavoz del Ejecutivo regional, Ana Rosa Migoya, admitió la existencia de realidades comunes entre autonomías, que lógicamente desembocan en una sintonía mayor a la hora de abordar la financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Es decir, el envejecimiento y la dispersión han unido a Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria y Aragón, por encima de que esas autonomías estén gobernadas por partidos de distinto signo político. El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, se mostró convencido de que el hecho de que autonomías de diferente signo político tengan «problemas similares» puede «facilitar el encuentro» para pactar el nuevo modelo de financiación autonómica. No obstante, Iglesias dejó entrever que «tiene ganas de decir que sí» a la oferta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque antes quiere conocer «cuáles son las cantidades».

La Generalitat catalana anunció ayer un principio de acuerdo con el Gobierno, a expensas de que supere el examen de los socios del PSC en el Gobierno catalán. Si en la tarde del pasado miércoles el consejero de Interior, Joan Saura, desvelaba el no del Ejecutivo catalán a la última propuesta del Gobierno central, ayer el consejero de Economía, Antoni Castells, declaraba que, por primera vez desde el inicio de las negociaciones, «existen condiciones para alcanzar un acuerdo». Castells puso condiciones para dar el visto bueno definitivo a la oferta de Elena Salgado: Cataluña no puede perder posiciones en el ranking de renta per cápita de las comunidades. El Gobierno central ofreció ayer a Cataluña 3.100 millones de euros adicionales y el acuerdo se dio por encauzado.

El «caballo de batalla» de la negociación se centra ahora en los diferentes fondos que propone el Gobierno dentro del nuevo modelo, algunos pensados para las autonomías con menos recursos y más dispersión de población, como Asturias, y otro, el de competitividad, pensado para comunidades que, como Cataluña, aportan más recursos al sistema y necesitan más financiación. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, coincidió con Castells en que «se está cerca de un buen modelo que no beneficiará solamente a Cataluña sino a todas las autonomías».

El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, reveló que las cifras «ya se están cerrando» y apostó por el próximo día 14 como la fecha en la que tendrá lugar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero antes las comunidades conocerán «más o menos» las cantidades que les corresponderían en virtud del nuevo sistema.

Los territorios gobernados por el PP no son tan optimistas, ya que siguen condicionando el apoyo a la aceptación de sus reivindicaciones.

Valencia exige 1.400 millones de euros como mínimo de los 9.000 millones adicionales, mientras que Castilla y León no consideraría «un robo a sus ciudadanos». Galicia ha advertido a través de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, de la posibilidad de no firmar el acuerdo si no lo considera satisfactorio. Pero no firmar el nuevo modelo supone, de partida, perder el dinero que correspondería de esos 9.000 millones adicionales, un lujo que muchas autonomías no se pueden permitir.

La negociación ha entrado en su fase más intensa. Todas las autonomías toman posiciones:

-Cataluña (PSC-ERC): Exige recibir 3.800 millones de euros de los, al menos, 9.000 millones que el Gobierno central incorporará al nuevo sistema.

-Madrid (PP): No aceptará un modelo que no cubra el coste de los servicios básicos.

-Valencia (PP): No aceptará menos de 1.400 millones adicionales del nuevo modelo.

-Galicia (PP): Feijóo avisa de que está dispuesto a no firmar el nuevo modelo.

-Castilla y León (PP): El portavoz del Gobierno, José Antonio de Santiago-Juárez, cree que «recibir menos de 576 millones adicionales es robar a sus ciudadanos».

-Aragón (PSOE): El presidente, Marcelino Iglesias, cree que el hecho de que «autonomías gobernadas por el PSOE y el PP compartan problemas facilita el acuerdo».

-Baleares (PSOE): El presidente balear, Francesc Antich, da por hecho que «la negociación será permanente hasta el último minuto».

-Extremadura (PSOE): La Junta extremeña no se pronunciará hasta que reciba el documento definitivo y los anexos numéricos «el viernes o el sábado».

-Andalucía (PSOE): «No tenemos horquilla ni cifra cerrada todavía», asegura el Ejecutivo andaluz.

-La Rioja (PP): El presidente, Pedro Sanz, se mostró «molesto por no tener ni idea de cómo está la nueva financiación».