OVIEDO, 09 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario popular en la Junta General del Principado considera que la política del Gobierno asturiano en materia de función pública es "un absoluto desastre y vulnera continuamente la ley".

Los populares dieron hoy una rueda de prensa en la sede del parlamento asturiano para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que estima el recurso presentado contra un acuerdo del Consejo de Gobierno que aprobó las modificaciones parciales a la relación de puestos de trabajo de personal del Principado. Según este acuerdo se establecía la libre designación para la provisión de puestos de coordinadores, analistas y asesores técnicos.

El diputado del PP, Ramón García Cañal, aseguró que con este tipo de decisiones el Gobierno asturiano pretende "la sustitución del funcionario profesional por el funcionario fiel" y contextualizó la resolución judicial "en la cascada de sentencias que está perdiendo el Principado" en materia de función pública. En este sentido mencionó la carrera profesional que fue recientemente anulada por el Tribunal Superior.

Cañal, que compareció en rueda de prensa acompañado de los diputados Ana Barrientos y Agustín Cuervas Mons, responsabilizó de esta situación al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, y más concretamente a la Consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, y pidió que se asuman responsabilidades por los "bandazos" continuos que se están dando. En este sentido recordó la decisión reciente del Principado de continuar pagando la carrera profesional o la convocatoria de las mesas sectoriales.

"Si bien sabemos que el responsable último es el propio presidente, no cabe la menor duda de que la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno es la máxima responsable del departamento y es la máxima responsable de que estemos perdiendo sistemáticamente sentencias del Principado por no ajustarse a la ley", dijo Cañal.

El diputado popular insistió en que "fracasos de este calibre exigen ceses al frente del departamento de Gobierno del Principado y en concreto de Administracioes Públicas".

García Cañal expuso que hasta el año 1999 los puestos de libre designación "estaban reservados prácticamente en exclusiva a los jefes de servicio" pero aseguró que a partir del año 2000 "han ido surgiendo puestos singulares de libre designación que se han ido incrementando". En este sentido aseguró que en el año 2008 eran 2.000 los puestos singulares existentes en la Administración del Principado, de los cuales 550 estaban ocupados por libre designación.

"Podríamos pensar que este aumento se debía al crecimiento de la administración, sin embargo entre jefes de servicio y secretarias de despacho no llegan a 300 por lo que hay más de 150 puestos singulares de libre designación que se han ido creando". En su opinión, lo que pretende el Ejecutivo asturiano es "conseguir la fidelización de los funcionarios premiados sin ajustarse en absoluto a una verdadera carrera profesional".

Por su parte, Agustín Cuervas-Mons se mostró convencido de que "la política de personal del Gobierno asturiano no es más que un reflejo de la idea que el Gobierno tiene de Asturias y la idea es que esto es su cortijo particular y con la función pública pueden hacer lo que quieran, poner a quien quiera a dedo y quitar a quien quiera".

Insistió en que alguien "tiene que responder de este fracaso y este ridículo" y, al igual que Cañal, apuntó hacia la Consejera de Administraciones Públicas. Se preguntó, asimismo, qué va a hacer el Gobierno con los puestos de confianza nombrados.

Ana Barrientos insistió en que "el sector funcionarial debe estar por encima de colores políticos" y reclamó el "escrupuloso cumplimiento de la ley".