El sistema se basa en cuatro fondos y en la población corregida por otros factores

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Además, todas las comunidades se aproximan a la media en financiación per cápita, aunque la Ministra no precisó las autonomías que se situarán por encima o por debajo, salvo en el caso de Cataluña, que se colocará por vez primera en la historia «ligeramente» por encima.

La Ministra no concretó el reparto de los más de 11.000 millones adicionales con los que contarán las comunidades hasta 2012, pese a que algunas comunidades, como Cataluña, ya han cuantificado lo que les tocará. No obstante, Salgado ha comunicado a los presidentes autonómicos el «mínimo» que les correspondería en el modelo de acuerdo con los criterios de reparto, pero se trata de una proyección a cuatro años, por lo que la cifra será «ligeramente diferente».

Aunque la propuesta es similar a la que Economía ya presentó en diciembre, se han recogido algunas peticiones y en el nuevo modelo ponderarán variables como el bilingüismo, la densidad y la población en edad escolar, además de otras como la superficie, la insularidad, la dispersión, el envejecimiento y la población sanitaria protegida. El nuevo modelo contará con cuatro fondos:

l Fondo de Garantía de Servicios Públicos fundamentales, que supondrá el 80% de los recursos del sistema, se financiará con el 75 por ciento de los tributos cedidos a las comunidades autónomas (la cesión del IRPF pasa del 33% al 50%; la del IVA, del 35% al 50%, y la de los impuestos especiales, del 40% al 58%) y un 5% de ese volumen procedente de la Administración central. De los tributos cedidos, el 25% restante se lo quedan las regiones. De este modo, de cada euro que recaude cada comunidad por esos impuestos, 75 céntimos irán a parar a una bolsa común para garantizar que todos ciudadanos dispongan de esos servicios fundamentales, mientras que las autonomías podrán disponer de los 25 céntimos restantes.

El Fondo de Garantía de Servicios Públicos garantizará, según Salgado, la igualdad en la financiación per cápita de los servicios públicos básicos, como educación, sanidad y servicios sociales.

l El Fondo de Suficiencia Global, sufragado íntegramente por el Estado, pretende asegurar el mantenimiento del «statu quo» de las comunidades y financiará el resto de las competencias transferidas.

l El Fondo de Competitividad también lo dotará al 100% la Administración central. Con el fin de reducir las diferencias de financiación per cápita, la propuesta prevé que se revise anualmente.

l El Fondo de Cooperación, que también se nutrirá al 100% con recursos de la Administración central del Estado, se distribuirá entre las comunidades de menor renta y las que registren una evolución negativa en su población. Según Salgado, se trata de ir reduciendo las diferencias actuales de hasta 40 puntos en financiación per cápita para situarse en 30 en el primer año de aplicación.

Según Areces, el esquema en principio satisface a Asturias porque no se introduce «ningún criterio de nivelación parcial» entre regiones, sino «una nivelación total a través de los fondos de garantía de los servicios públicos fundamentales y de suficiencia global y de los ingresos tributarios que no van al fondo de garantía». También considera satisfecha la exigencia asturiana de que «ni antes ni ahora» se tenga en cuenta el criterio de esfuerzo fiscal por territorio. A su juicio, es también satisfactorio que «se ponderen adecuadamente el envejecimiento y la dispersión».

A juicio de Areces, se refleja «el concepto de población ajustada» (corregida por el envejecimiento), como exigía Asturias, y «se introduce la segmentación en siete grupos de la población sanitaria protegida con distinto peso según los tramos de edad». También sostiene que «el fondo de cooperación beneficiará al Principado y a otras comunidades vecinas». Además, señaló, el nuevo modelo recoge «la aportación de recursos adicionales en función de criterios que, entre otros, incluye la población dependiente», que en Asturias es más elevada que en otros lugares.

Jesús Iglesias, coordinador regional de IU de Asturias, sostuvo ayer que «se sigue sin conocer las cifras» y que, por lo tanto, la coalición va a mantenerse «en la necesaria prudencia». «Conocer las cifras es esencial para poder determinar si el modelo beneficia a los intereses de Asturias», señaló el líder de IU. «No renunciamos», dijo, «a la firmeza imprescindible en la reivindicación de un modelo de financiación que responda al interés general y no a los intereses de unas comunidades frente a otras». «Si no se garantizan los recursos necesarios para financiar los servicios públicos esenciales, estaremos ante una importante brecha social en España porque no se garantizaría la necesaria igualdad de todos los ciudadanos».

El PP asturiano prefirió ayer no adelantar ninguna valoración y se remitió a los próximos días, a la espera de tener más datos.

Dursa
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