El Principado sopesa destinar al AVE los fondos europeos del sobrecoste de El Musel

Oviedo, E. LAGAR

Los sobrecostes de El Musel, para agilizar la llegada del AVE. Si la UE acepta finalmente las argumentaciones de las autoridades españolas y decide sufragar parte de los 215 millones de sobrecoste de la ampliación del puerto gijonés, hay muchas posibilidades de que esa ayuda se destine a la llegada de la Alta Velocidad a Asturias. Ésa es al menos una de las posibilidades que, con la debida cautela por el momento, dado que no hay nada cerrado, maneja el Gobierno asturiano.

El dinero que falta para construir el superpuerto es aquí un asunto cerrado. Lo pondrá la Autoridad Portuaria de Gijón con un préstamo de Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento. Es la solución de emergencia adoptada para que las obras no se paren, ya que la UE dejó de soltar fondos tras una denuncia de irregularidades que formularon Los Verdes, socios en el Gobierno regional, integrados en Izquierda Unida. Pero, desde el punto de vista de la UE, no es todavía un caso cerrado. El asunto, complejo y con distintas argumentaciones jurídicas, está en estudio, hay negociaciones políticas y cabe la posibilidad de que sigan llegando euros comunitarios.

Asturias y el Gobierno español argumentan que el dinero excedido es fruto de una causa sobrevenida, el suministro de piedra para rellenar el dique, dadas las complicaciones para usar la cantera próxima inicialmente prevista. Los funcionarios de la UE entienden que ese hecho no puede considerarse como un imprevisto.

Las gestiones al máximo nivel son intensas, y si cuando concluya el proceso las autoridades comunitarias dan la razón a España, le otorgarían todos los fondos que reclamó para El Musel. Ya no cabría destinarlos al puerto gijonés, aunque sí a otra obra. De ahí que el presidente del Principado, Álvarez Areces, y el ministro de Fomento, José Blanco, hablaran tras su cumbre de la pasada semana, en la que pactaron el pago de los sobrecostes, de que si llegaba la ayuda comunitaria Asturias no la perdería.

La Autoridad Portuaria había solicitado a la UE 135 millones de euros de los 216,3 millones totales, sin IVA, del sobrecoste del dique Torres. Las «señales» que emiten las instancias europeas dan tranquilidad al Gobierno asturiano. El jefe del Ejecutivo autonómico, Vicente Álvarez Areces, tiene «buenas sensaciones» respecto de una resolución satisfactoria, tal como se deduce de diversos encuentros con distintos comisarios y con el mismo presidente de la comisión, José Manuel Durão Barroso. De un tiempo a esta parte, Areces aprovecha todos sus viajes a Europa para convencer a los eurofuncionarios de que todo el expediente, pese a lo que dicen Los Verdes, está conforme a derecho y que ese dinero no puede tener otro destino que Asturias.

En caso de que la tramitación del puerto se diera por buena en Bruselas, se presentaría un nuevo proyecto elegible y, aunque no se ha adoptado una solución definitiva, es probable que estos dineros se invirtiesen en agilizar la llegada de la Alta Velocidad ferroviaria a la región, una obra que el Gobierno regional tiene cuantificada en 1.500 millones de euros. Uno de los avales para que el conflicto llegue «a buen puerto» es precisamente el comisario de Transportes de la Comisión, el italiano Antonio Tajani, que recientemente visitó tanto las obras de El Musel como las de la variante de Pajares.

La resolución del conflicto abierto en Europa por El Musel sería la última estación del vía crucis que el Gobierno regional ha tenido que transitar por cuenta de la ampliación del dique Torres. Pero hubo muchas caídas y penitencias anteriores.

La primera fue la que Principado encontró en el Ministerio de Fomento. LA NUEVA ESPAÑA publicaba el pasado día 22 de julio la sorprendente revelación que el ministro de Fomento, José Blanco, hacía en Oleiros (La Coruña) ante un selecto grupo de empresarios gallegos: su intención era que el propio Gobierno del Principado se hiciera cargo del sobrecoste de El Musel con un crédito avalado por Fomento. Las palabras de Blanco no sentaron nada bien en el palacio de Suárez de la Riva, sede del Gobierno asturiano. Faltaba menos de una semana para el encuentro con Blanco, que se celebró el lunes 27 de julio, y eso no era lo hablado con la Administración central.

Entonces, tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA el pasado día 26 de julio, el Gobierno regional trató de reconducir las pretensiones de Blanco y esgrimió el «compromiso expreso» de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, Elena Salgado, de que sería la Administración central la que «garantizaría la financiación». El «comodín» de la Vicepresidenta sirvió, a la vista de los resultados, para modificar los planteamientos iniciales del Ministerio de Fomento, después de una dura batalla. Blanco había sopesado la posibilidad de que el Principado asumiera íntegramente el sobrecoste, que lo financiara avalando un préstamo o que creara un consorcio para hacerlo dando entrada a la iniciativa privada y enajenando activos, como proyecta para el puerto de La Coruña. La postura del Principado era que ambas situaciones no eran equiparables y que, por tanto, requerían soluciones diferenciadas.

Finalmente, no será el Gobierno regional el que asuma el agujero presupuestario de El Musel, pero tampoco cargará con él directamente la Administración central. Será la Autoridad Portuaria de Gijón la que pague, aunque la operación, por su volumen, amenaza la competitividad del puerto.

El Gobierno asturiano se muestra satisfecho. Dice que la solución es muy buena. Pero no sólo eso. Reconoce que, además, es la única posible, pues el Ministerio, a estas alturas, carece de margen de maniobra financiero, y menos en estos tiempos.

La negociación por el sobrecoste portuario tensó las relaciones entre el Gobierno asturiano y el central, que ya estuvieron sometidas a un duro tira y afloja anterior: el de la financiación autonómica. También en este asalto Areces se siente vencedor sin matices.

En el «monopoly» del reparto de los dineros autonómicos, la oferta inicial del Gobierno de Zapatero para Asturias era otorgarle 148 millones de euros de los fondos suplementarios que iba a aportar la Administración central a cada comunidad para que asumieran el modelo. Como ya ocurriera cuando el Gobierno de Aznar negoció otros cambios en la financiación autonómica, Asturias fue la última región en aceptar las modificaciones. Y no lo hizo hasta que logró una cifra superior a los 200 millones de euros, que era la que creía que porcentualmente le correspondía.

El acuerdo se fraguó en un fin de semana, de viernes a lunes, con conversaciones hasta altas horas de la madrugada entre Areces y la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y el consejero de Hacienda, Jaime Rabanal, y los técnicos de Economía. Muy al final, el propio presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, tuvo que hablar con Areces. De los 148 millones iniciales, la Moncloa ya había incrementado su oferta el sábado a 185 millones y la cerraba el lunes en 206 millones, después de que Areces tuviera que ir expresamente, y en secreto, ese día a Madrid.

Fuentes del Gobierno asturiano cuantifican en 805 millones lo que Asturias logró arrancar en dos semanas a la Administración central, «las dos semanas más complicadas de Areces como presidente asturiano», con la financiación y la cumbre de Fomento. Ésas son las cuentas del Principado. Para redondear la faena queda que la UE acceda a no recortar ni un euro y que la financiación europea prevista para El Musel llegue y pueda destinarse a otra obra.