Oviedo, Antonio LORCA
Las reclamaciones dirigidas desde Asturias al Defensor del Pueblo se incrementaron casi un treinta por ciento en 2008. Enrique Múgica recibió el pasado año medio centenar de quejas desde el Principado, casi 150 más que en 2007. La mayor parte de ellas aún no ha tenido respuesta, toda vez que trece de estas denuncias se encuentran en proceso de tramitación y sólo nueve han sido resueltas.
Según la memoria de la institución, una de las quejas colectivas más destacadas fue la que Múgica remitió al Ministerio de Fomento a instancias de un grupo de 442 ciudadanos afectados por supuestas irregularidades en la construcción de la variante de Pajares. La Administración autonómica del Principado también fue avisada, en este caso de oficio, por el Defensor del Pueblo. La advertencia iba dirigida a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para recordar el deber legal que incumbe a la Dirección General de Mayores, Infancia y Familias de facilitar el cumplimiento de la ley de Extranjería en lo referente a los expedientes de repatriación de menores extranjeros no acompañados. Esta ley obliga a poner en conocimiento de la Delegación del Gobierno las gestiones que cada institución autonómica haya realizado para localizar a la familia del menor, así como el momento en el que el menor fue puesto a disposición de los servicios de protección de menores de Asturias.
En el apartado de administraciones locales asturianas que han sido objeto de queja y han admitido la recomendación sugerida por el Defensor se encuentra el Ayuntamiento de Langreo, al que se le remitió una protesta sobre el deber de inspeccionar, preservar y restablecer el orden urbanístico infringido. Este mismo Ayuntamiento fue objeto de un recordatorio del Defensor del Menor acerca de la responsabilidad que tiene de actuar de una forma eficaz y rápida, practicando las oportunas inspecciones tras las numerosas denuncias recibidas por el excesivo ruido que emiten algunos locales del municipio y que están por encima de lo permitido. De esta forma, el Defensor pretende que se cumpla en esta localidad la ley del Ruido.
También el Ayuntamiento de Gijón tuvo que atender otra queja sobre los procedimientos sancionadores relacionados con problemas de ruidos. El departamento que dirige Enrique Múgica recomendaba en este ámbito al Consistorio gijonés la conservación de grabaciones videográficas como medio de prueba para llevar a cabo procesos sancionadores.
Asimismo, el Ayuntamiento de Llanes se encuentra entre las administraciones que se han retrasado notoriamente en responder a los requerimientos del Defensor del Pueblo. Se ha demorado, precisa la memoria, en su respuesta a las quejas relativas al deficiente estado de los servicios públicos de una de las urbanizaciones de la localidad.
El municipio de Gozón figura asimismo entre los que no han contestado, después de tres requerimientos, a las quejas remitidas por el Defensor en 2008. Esta reclamación no atendida se originó a partir de la denuncia de un vecino contra la actuación de otro que había cerrado con un muro el espacio público en el que se ubicaban los antiguos lavaderos.
En conjunto, el Defensor del Pueblo recibió el año pasado desde Asturias un total de 365 reclamaciones de denunciantes individuales y 135 de colectivos que decidieron recurrir a esta instancia para llevar a cabo sus denuncias. En 2007, la cifra total de quejas se había quedado en 354. Esta institución tiene como objetivo proteger los derechos y libertades de cualquier ciudadano, sea cual sea su edad, nacionalidad o residencia. Cualquier actuación que emprenda será gratuita para el interesado, que no precisará de abogado ni de procurador.