Quirós, bajo la lupa de Rabanal

Oviedo, Pablo ÁLVAREZ


Los últimos doce meses de actividad del Gobierno asturiano han estado caracterizados de una forma muy predominante por el estrecho control al que la Consejería de Economía ha sometido a la Consejería de Salud. Ya han sido varias las iniciativas del departamento que dirige Jaime Rabanal encaminadas a corregir lo que consideran deficiencias en la gestión de los servicios sanitarios. En la articulación de estas medidas, Rabanal ha contado con la colaboración de la interventora general del Principado, Margarita González Marroquín, y se ha plasmado en un notable incremento de la labor de fiscalización a través de la elaboración de auditorías. Un seguimiento férreo. Los responsables sanitarios han ido dando respuesta a estos requerimientos con desiguales resultados.


La semana pasada, Rabanal puso de relieve su preocupación una vez más. En un comunicado remitido a los medios de comunicación, el consejero de Economía subrayaba que «la evolución del gasto sanitario en los últimos años ha experimentado un crecimiento superior al del PIB nominal en todas las comunidades autónomas y Asturias no es una excepción». Según Rabanal, esta evolución «se confirma con los datos disponibles sobre el comportamiento del gasto sanitario hasta el 31 de julio de 2009». En consecuencia, el titular de Economía señalaba «la necesidad de abrir un debate serio y reflexivo sobre la sostenibilidad del sistema sanitario público y la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos».


En realidad, ya hace tiempo que Jaime Rabanal dejó patente su inquietud ante la trayectoria del gasto que ocasionan los servicios sanitarios. En marzo de 2008, la interventora general del Principado envió una carta a los gerentes de los centros sanitarios en los que les exigía el envío, en el plazo de un mes, de un informe sobre las decisiones adoptadas para corregir las deficiencias de gestión detectadas en los ejercicios anteriores a 2005.


En dicha misiva, Margarita González Marroquín indicaba que la Intervención no tenía constancia «de las actuaciones llevadas a cabo para el cumplimiento de lo en ellas señalado y de las correcciones o rectificaciones que de ellas se derivan». En consecuencia, reclamaba a cada gerente «que en el plazo de un mes remita a esta Intervención General un informe sobre las medidas adoptadas para subsanar las deficiencias puestas de manifiesto en la auditoría del ejercicio de 2005».


En una comparecencia ante la Comisión de Economía de la Junta General del Principado, celebrada el 15 de abril del año pasado, Rabanal no disimuló su preocupación por algunos aspectos de la gestión sanitaria. Entre otras consideraciones, el Consejero indicó que «las plantillas orgánicas no coinciden con las reales» y que «no siempre se abonan correctamente las cantidades por atención continuada y productividad variable, lo que puede dar lugar, además, al incumplimiento de la normativa presupuestaria».


La actitud de control de la Consejería de Economía sobre la de Salud no se ha mitigado en los últimos tiempos. Esta pasada primavera, la Intervención propuso a Rabanal un plan de auditorías para 2009 que aplicará especial atención a dos epígrafes: la contratación pública y el desembolso en materia de personal.