Oviedo, P. G.
El Ministerio de Fomento se ha puesto manos a la obra para evitar que se repitan situaciones como la que ha provocado el sobrecoste de la ampliación de El Musel, y que ha obligado a la Administración central a articular una fórmula para financiar una obra que en principio iba a pagar la Unión Europea. Y es que el ministro José Blanco ha dado la orden de establecer un férreo control sobre los modificados en las partidas económicas de las obras públicas ya adjudicadas. Aunque en el caso de la obra de ampliación de El Musel no hubo adjudicación a la baja y la empresa ganadora del concurso lo hizo por los 579 millones de euros iniciales.
Pero en la actualidad la crisis del ladrillo ha obligado a muchas empresas a asegurar su cartera de obras a base de proyectos civiles. Para lograrlo están pujando a la baja, lo que su a vez está acortando los márgenes de beneficio de las constructoras. Luego, una vez conseguidos los contratos, se tiene la esperanza de lograr un modificado alegando gastos imprevistos.
De ahí que, según fuentes recogidas por un diario financiero, «Blanco ha pedido que se justifiquen, una por una, las desviaciones de las obras». El Ministro trata así de evitar tentaciones de cara al plan de inversión que está diseñando de cara a lo que resta de año y el próximo ejercicio para poner en marcha obras públicas con las que paliar el efecto de las crisis sobre el empleo. Sólo desde el próximo mes y hasta diciembre, Blanco ya ha anunciado que Fomento licitará obras por valor de 6.086 millones de euros.
Las ofertas de las empresas a la baja para lograr obra civil se han dejado notar en las ratio de las áreas de infraestructuras de las principales constructoras del país como Ebitda (-3,8 por ciento respecto al primer semestre del año pasado), Ferrovial (-1 por ciento) o Sacyr (-1,7 por ciento). Según los expertos algunas otras compañías han podido maquillar sus números gracias a sus proyectos a nivel internacional.
IMPRIMIR PÁGINA »
