Los jueces irán a la huelga el 8 de octubre si no avanza la negociación

Oviedo, L. Á. VEGA
El otoño se presenta caliente en la judicatura. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) convocó en julio una huelga para el 8 de octubre, que mantiene en tanto el ministro, Francisco Caamaño, no se comprometa a visualizar un compromiso en los tres grandes capítulos que le enfrentan a los jueces, a saber, la reforma de la planta judicial para racionalizar la carga de trabajo, la modernización de los juzgados para poder operar en red y evitar fallos como el que llevó a la muerte de Mari Luz Cortés y la revisión del modelo retributivo. Desde el Gobierno se asegura que los jueces sólo buscan mejoras salariales. Los magistrados responden que renunciaron a cualquier subida salarial en estos tiempos de crisis.

El 22 de septiembre se reunirá el Ministro con las asociaciones. De ese encuentro podría salir la ratificación de la huelga, «a la que seguirá un calendario de acciones cada vez más duras», según aseguró ayer el ovetense Antonio García, magistrado del Tribunal Superior del País Vasco y portavoz de APM, que al principio del conflicto se opuso a la huelga, pero que se ha visto abocada a ella «ante la falta de avances». Esta vez será difícil que Justicia dé «una larga cambiada» a los jueces, dijo García. «No hemos recorrido este año para volvernos a casa con buenas palabras y resignados», añadió el magistrado, que ha veraneado en Asturias.

La exigencia es clara. «Queremos que el Ministro muestre, negro sobre blanco, el dinero que se va a invertir en los próximos presupuestos para la modernización de la Justicia. Y que se palpe que se avanza de forma significativa en el resto de los capítulos», indicó.

El Ministro prometió invertir 600 millones de euros en tres años para la modernización, aunque despachó el asunto de la carga judicial con la creación de una comisión para revisar la planta. Pero el problema es acuciante. «Se ha multiplicado por tres la litigiosidad con la crisis y seguimos sin mejoras», indica García.

Y en el capítulo retributivo, las asociaciones quieren que se establezca un nuevo modelo, a aplicar cuando la crisis se haya superado, que despeje cuestiones como las percepciones por las guardias (las de los jueces son las más bajas), las jubilaciones (que «son miserables», según García) o la productividad.

Las otras asociaciones aún no se han pronunciado sobre su apoyo a la huelga de octubre. Julio Martínez Zahonero, juez de Cangas del Narcea y delegado en Asturias de Jueces para la Democracia, señaló que su asociación «no apoya por el momento esa convocatoria y sigue en el marco de la negociación». No obstante, vio factible que la protesta de los jueces se lleve a cabo si no hay avances.

Luis Ortiz, titular del Juzgado número 1 (mixto) de Langreo y delegado en Asturias de la Asociación «Francisco de Vitoria», indicó que «hay cuestiones en las que sí se ha avanzado, como en la supresión de los traslados forzosos, pero hay otras, como en la creación de nuevas plazas de jueces o la consignación presupuestaria, que están estancadas». La «Francisco de Vitoria» podría también apoyar la huelga. No obstante, Ortiz opinó que «hay que seguir negociando y desear que no haya que recurrir al mecanismo de la huelga». Los próximos días serán cruciales.

«Se ha multiplicado por tres la litigiosidad y seguimos sin mejoras en la planta judicial»

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Asoc. Profesional Magistratura

«Hay que seguir negociando y desear que no haya que recurrir a la huelga»

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Asoc. «Francisco de Vitoria»