Los transportistas exigen el fin del céntimo sanitario y la devolución de 5.000 millones

Oviedo, Efe / L. P.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) exige la derogación cautelar del céntimo sanitario, el impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos que se aplica en Asturias y en la mayoría de las comunidades autónomas del país. La organización de transportistas de mercancías por carretera alega en un comunicado que, ante un previsible posicionamiento de las autoridades europeas contra dicho impuesto por contravenir la normativa comunitaria, no se puede perjudicar a los consumidores y transportistas.

Este gravamen, en vigor por primera vez en España desde enero de 2002, sobrecarga el consumo de carburantes (gasolinas y gasóleos) en toda España, excepto Canarias, con 2,4 céntimos en cada litro consumido. En el caso de Asturias, junto con otras cinco comunidades autónomas (Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña) se aplica un recargo superior que alcanza 4,8 céntimos por litro de gasolina. El gasóleo se grava con 3,6 céntimos el litro. Este impuesto sobre los hidrocarburos se viene aplicando en Asturias desde el año 2004.

Fenadismer recuerda que un dictamen del año pasado de la Comisión Europea (CE) instaba al Gobierno español a que modificara la legislación por considerar que dicho impuesto no se ajustaba a la normativa comunitaria y advertía que presentaría la correspondiente demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo. Pese a este requerimiento, dice Fenadismer, se mantiene el citado impuesto, por lo que una previsible sentencia del Tribunal de Justicia de la UE podría obligar a la Agencia Tributaria española a devolver a los consumidores lo recaudado en los últimos cuatro años por este impuesto, al haber prescrito la posibilidad de reclamar lo percibido antes de 2005.

La Federación Fenadismer calcula que la devolución puede elevarse a unos 1.300 millones de euros anuales, más los intereses legales de demora vigentes, lo que supondría un importante quebranto económico para las arcas públicas que superaría los 5.000 millones de euros.

El Gobierno asturiano, por su parte, ha indicado en varias ocasiones que seguirá utilizando el céntimo sanitario para financiar la sanidad pública, un tributo «que hoy por hoy es absolutamente legal», hasta que no se arbitren otras alternativas «que hoy no existen».

De hecho, el Pleno de la Junta General del Principado rechazó el pasado mes de febrero, con el voto en contra de PSOE e IU-BA-Los Verdes, una iniciativa del PP para suprimir este impuesto. Los conservadores argumentan que desde la puesta en marcha de esta medida, Asturias ha sido la única comunidad autónoma española en la que la población protegida por el sistema sanitario ha decrecido, por lo que, según la oposición, ya no sería necesario gravar los combustibles con este recargo.