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HEMEROTECA » EL TIEMPO » |
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Oviedo, Mariola RIERA
El próximo martes volverá a ver la cara a sus agresores. Tendrá de nuevo que identificarlos en el juicio y recordar lo que ocurrió la tarde del 13 de abril en la tienda en la que trabajaba de dependienta en Pravia. Ese día, fue asaltada por dos jóvenes gitanos. «Si nos denuncias, te rajamos», le dijeron. Acto seguido, navaja en mano, se llevaron unos cuantos euros de la caja.
Desde entonces, esta joven praviana vive, prácticamente, recluida. Fue declarada testigo protegido del caso. Dejó su domicilio, su empleo, cambió de aspecto y modificó su rutina diaria. Todo debido a las amenazas y presiones de la familia y amigos, gitanos, de los presuntos agresores, de 18 y 21 años, que están en prisión preventiva.
«Hace cinco meses que dejé de vivir. Es un infierno», relata a LA NUEVA ESPAÑA la joven, a tratamiento psiquiátrico y psicológico, y a la que desde mediados de junio escoltan a diario agentes de la Guardia Civil. Se le puso vigilancia después de varias agresiones sufridas, cuyos autores están aún sin identificar. En su domicilio praviano -al que volvió semanas después de ser víctima del robo para tratar de normalizar su vida- se encontraron colgados hasta 18 carteles con amenazas. «Estás muerta, zorra», rezaba en el primero.
Tiempo después, cuando estaba con amigos, recibió una pedrada. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando un grupo de gitanos trató de cogerla por la espalda una tarde. «Denuncié, pero no seguí adelante. Los que lo hicieron son peligrosos y no se andan con rodeos», explica.
Tras descubrir el primer cartel acabó en el centro de salud, víctima de un ataque de ansiedad. Y acto seguido, fue al cuartel de la Guardia Civil, a dar el correspondiente parte. Se pierde la cuenta de las denuncias que ha puesto la joven, siempre acompañada por Conchita González, presidenta de la asociación de turismo «Coto Real-Bajo Nalón» -propietarios de la tienda donde se produjo el robo- y víctima también de amenazas y presiones por parte del entorno de los dos jóvenes gitanos. En la finca de la empresaria se han sucedido todo tipo de situaciones extrañas en los últimos meses: las cuerdas de los animales cortadas durante la noche y se llegó a encontrar una cabra muerta de un disparo.
Tanto González como la joven tienen claro que el camino que llevan recorrido ha sido duro, muy duro; que no ha estado exento de malos tragos y sinsabores; y que les ha costado salud. Pero más claro tienen que llegarán al final para conseguir, simple y llanamente, que se haga justicia.
«Jamás he hecho nada. Sólo fui víctima de un robo y, de repente, me pasa todo esto», explica la dependienta. No se quita el juicio de la cabeza; es consciente de lo difícil que será tener que enfrentarse de nuevo a sus agresores. Pero se muestra segura porque sabe que identificarlos -el juez ha declarado nula la primera rueda de reconocimiento- es la única salida que tienen para lograr que paguen por lo que han hecho: «Sus caras no se me olvidan, ojalá fuera lo contrario. Los identificaré, tengo claro quiénes son».
Y añade: «Sólo quiero que me dejen en paz. Yo creo que estoy haciendo lo correcto». Su abogado pide una pena de cinco años de cárcel para cada uno de los jóvenes, además de indemnizaciones que suman 2.446 euros. Precisamente, el objetivo de las presiones y amenazas a las que se han visto sometidas, tanto ella como Conchita González, se deben a la supuesta intención de los familiares de los asaltantes de que retiren la denuncia.
No ha sido así y por ese motivo esta joven praviana lleva cinco meses de calvario. En verano ha podido disfrutar algo de la playa y se fue unos días de Asturias para desconectar. Lo de salir a la calle, poco: «Apenas puedo dar un paso sola». Y disfrutar con los amigos y su marido de las recientes fiestas de Pravia, nada. «Los agentes me aconsejaron, sencillamente, que no saliera de casa». La joven explica, no obstante, que en el último mes, a medida que se acerca el juicio, la presión ha menguado. «Se dejan ver, pero están más tranquilos».
Y no sólo ha tenido que padecer a sus agresores. La investigación abierta por los carteles que se encontraron colgados en su domicilio se cerró sin identificar a los autores. La propia víctima tuvo que someterse a pruebas caligráficas -además de algún vecino- cuyo resultado desconoce. En el informe de la investigación se recoge que ella misma pudo haber hecho los carteles. «Me califican de sociodepresiva; que quizás los colgué yo, incluso sin darme cuenta. Es muy duro y no me merezco esto».
Pese a todo, siente el apoyo de su familia, de sus amigos y de la gran mayoría de los pravianos. El comercio llevó a cabo una campaña meses atrás que consistió en colgar carteles en los que se alertaba de su caso. Muchos han acudido tanto a ella como a Conchita González a contarles problemas similares con algunas familias gitanas asentadas en la villa. «Sabemos que no somos las únicas que pasamos por esto».
«Jamás he hecho nada, sólo fui víctima de un robo y de repente me pasa todo esto; sólo quiero justicia»
«En las fiestas pravianas, los agentes me aconsejaron, sencillamente, que no saliera de casa»
«Denuncié a unos gitanos que me intentaron coger por la espalda, pero di marcha atrás, ésos no se andan con rodeos»
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