Oviedo, L. Á. V.
El director general de Justicia, José Manuel Fernández, considera injustificadas las críticas de los sindicatos judiciales a la utilización de un sistema de control biométrico de horarios tomándoles las huellas a los funcionarios. «Lo único que se está haciendo es poner en marcha un sistema que ya había sido instalado por el Ministerio a un coste mínimo», indicó. Además, remarcó que los funcionarios de Justicia no serán una excepción, ya que el resto de los empleados del Principado están sometidos a ese control. Fernández estimó que los sindicatos «se han equivocado» al quejarse por el nuevo sistema de control horario, y «hacen un escaso favor a los trabajadores de Justicia al vincularlo con una reivindicación económica».
El Principado inició ayer la toma de huellas dactilares de los funcionarios de Justicia, concretamente, en los Juzgados de Pola de Lena, para elaborar la base de datos que permitirá la activación del sistema de control. El sindicato CSIF reaccionó manifestando su completa oposición a esta medida, que no ha sido previamente negociada con los representantes de los funcionarios. Además, añadió, se han podido vulnerar los preceptos de la ley de protección de datos, ya que no se informó exhaustivamente a los funcionarios de las consecuencias de la creación del fichero. Para el director de Justicia, el nuevo control de horario servirá incluso para delimitar y ajustar con racionalidad cuestiones relacionadas con la sobrecarga en algunos Juzgados.
Este sistema de control de acceso y de horario está ya en marcha en otras comunidades como Madrid, Canarias o Cantabria. El director general añadió que «no puede ser una condición para negociar otras cuestiones» que tienen su ámbito propio.