Oviedo, J. A. ARDURA
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictó el pasado lunes una sentencia que abre la puerta para que el Principado tenga que pagar la carrera profesional a más de mil maestros y profesores que inicialmente no la habían solicitado. La Administración regional podría verse abocada a pagar siete millones de euros en concepto de carrera profesional con carácter retroactivo si los jueces dan luz verde a la extensión de sentencia que ha pedido el personal docente que inicialmente no solicitó voluntariamente la adhesión al nuevo concepto retributivo.
La aplicación de la carrera profesional en Asturias ha traído consigo un reguero de pleitos y sentencias. En un principio, la mayoría de los fallos judiciales fue favorable al Principado, pero desde febrero de este año la Administración regional se encontró con sentencias contrarias a sus posiciones. La más trascendente fue la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el pasado mes de junio, que tumbó la carrera profesional por un defecto de forma: la resolución aprobada por el Consejo de Gobierno, donde se obligaba a los funcionarios a solicitar la carrera profesional para poder cobrar ese nuevo concepto, carecía de la base legal necesaria.
El veredicto dictado el pasado lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias tiene su origen en la reclamación presentada por un grupo de 16 profesores que exigieron el derecho a percibir el complemento de productividad sin haber firmado previamente la carrera profesional. El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Oviedo les dio la razón en febrero de 2009 y el Principado comenzó a abonarles el complemento de la carrera profesional con carácter retroactivo. Ante esa decisión, otros profesores que habían perdido demandas similares decidieron pedir la extensión de esa sentencia, pretensión contra la que el Principado presentó un recurso en interés de ley. Ahora, el Tribunal Superior ha desestimado el recurso de la administración. Comisiones Obreras (CC OO) propone al Principado que pague ese complemento con carácter retroactivo a todo el personal docente, no sólo al que firmó su adhesión a la carrera profesional. «Cualquier otra pretensión se encontrará con nuestro rechazo», sostiene Enrique Fernández, de CC OO-Enseñanza.
La aplicación de la carrera profesional ya tiene tras de sí un largo proceso
- Diciembre de 2006: Los sindicatos y el Gobierno regional acuerdan poner en marcha la carrera profesional en el conjunto de la Administración regional.
- Mayo de 2007: El consejo de Gobierno aprueba una resolución que establece los criterios y condiciones para acceder a la carrera profesional: pueden solicitarla los funcionarios del Principado con una antigüedad de 5 años.
- La adhesión voluntaria, objeto de polémica: En esa resolución se pone como condición para cobrar ese plus que los funcionarios soliciten de modo voluntario la incorporación a la carrera y se sometan a una evaluación.
- Los sindicatos del ámbito de educación discrepan y recurren contra la resolución de mayo de 2007.
- El Tribunal Superior de Justicia de Asturias considera carente de base legal la resolución que fija los criterios de la carrera profesional.