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HEMEROTECA » EL TIEMPO » |
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Oviedo, J. A. ARDURA /
Pablo GONZÁLEZ
Los dos grandes sindicatos de la región, UGT y CC OO, discrepan sobre la conveniencia de universalizar el cobro de la carrera profesional a todos los funcionarios. CC OO sí quiere que la carrera profesional se aplique a todos los funcionarios que cumplan con los requisitos, pero UGT aboga por mantener el criterio de voluntariedad y que se adscriban a ella los trabajadores públicos que así lo deseen, tal y como se acordó con el Principado a finales del año 2007.
CC OO considera que la solución del Gobierno regional a la carrera profesional debe cubrir a todos los trabajadores que reúnan los requisitos pactados con los sindicatos, es decir, que tengan una antigüedad de 5 años y que sean funcionarios de la Administración regional. CC OO es uno de los sindicatos con representación en la Mesa General, a la que el Gobierno planteará la ley provisional que corrija los fallos de la carrera profesional, que arrastra una sucesión de varapalos judiciales después de que el TSJA confirmara que este plus salarial carece de base legal. «La obligación de la Administración es arreglar la situación y, si el Gobierno quiere, encarrilar definitivamente la carrera profesional y sacarla de los juzgados, deberá dar una solución global para que cobren todos los funcionarios», declaró José Antonio Fernández, de CC OO.
El sindicalista se mostró crítico con el proceder del Gobierno regional, que aún no ha trasladado al sindicato ninguna propuesta o borrador sobre la solución provisional para la carrera profesional. «El Gobierno empieza las cosas al revés. Al parecer va a plantear una propuesta en el debate del Estado de la región sin haber consultado antes su contenido en la Mesa General con los sindicatos», lamentó Fernández. Además, Enrique Fernández, de la Federación de Enseñanza de CC OO, también se ha posicionado a favor de que el Principado pague el complemento de la carrera profesional a todos los funcionarios: «CC OO desea que quienes ya están cobrando el complemento lo sigan haciendo, pero que quienes no cobran y reúnen los requisitos establecidos en el acuerdo de 27 de diciembre de 2006 lo cobren con efectos de 1 de enero de 2007», precisó.
La Mesa General, donde están representados los sindicatos mayoritarios y el Gobierno, aún no tiene cerrada una fecha para la reunión donde se discutirá la solución al conflicto de la carrera profesional. No obstante, la reunión entre sindicatos y Principado tendrá lugar tras la celebración del debate sobre el estado de la región, señalado para la próxima semana, previsiblemente hacia finales del presente mes de septiembre o a principios de octubre.
Por su parte, Carlos González Peón, secretario de organización de la Federación de Servicios de UGT (FSP-UGT), aseguró que la carrera profesional «no puede ser café para todos», ya que según Peón está destinada a aquellos funcionarios que «se implican en mejorar el servicio». «Si fuese café para todos sería un complemento más, y no estaríamos hablando de carrera profesional», aseveró.
Aunque desde FSP-UGT se aplaude la intención anunciada el miércoles por el Gobierno de buscar una solución provisional para la carrera profesional tras la sentencia del TSJA que la tumbó por carecer de base legal, se asegura que esta solución podría haber sido articulada mucho antes. «Celebramos que ahora se incluya en la ley de Presupuestos, pero lo lógico es que ya se hubiera hecho el año pasado», señalaba Peón. El sindicalista añadió que «las soluciones deben ser a iniciativa de parte y al ataque, y no para defenderse a raíz de una sentencia desfavorable». Paralelamente desde FSP-UGT se confía en que el Gobierno permita a aquellos funcionarios que no firmaron la carrera y a los que han cumplido los requisitos en este tiempo «abrir una puerta para que puedan adherirse a ella».
El largo camino de la carrera profesional
El proceso comenzó en diciembre de 2006 con acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno. Pero no será hasta mayo de 2007, días antes de las elecciones autonómicas, cuando se firmó la resolución que puso en marcha el complemento salarial. La decisión fue recurrida por varios sindicatos y el TSJA aseguró que la carrera carece de base legal.
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