El Supremo obliga al Principado a subir el sueldo a 650 funcionarios judiciales

Oviedo, L. Á. VEGA
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo obliga al Ministerio de Justicia y al Principado a subir el sueldo a 650 funcionarios judiciales asturianos 27,66 euros por empleado con efecto desde el 1 de enero de 2007. Tras un recurso del sindicato CSIF, el tribunal anula las diferencias que se establecieron por decreto en 2007 en la subida del complemento general. Para los funcionarios judiciales de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla...), se estableció una subida del 4 por ciento, mientras que el resto tuvo que conformarse con el 3 por ciento.

El Ministerio de Justicia deberá desembolsar las subidas correspondientes a 2007 y 2008, lo que supone en total unos 600.000 euros para los 650 empleados asturianos. La Consejería de Justicia de Asturias deberá pagar las subidas desde el 1 de enero de 2009, fecha en que el Principado asumió completamente las transferencias, lo que hace unos 300.000 euros para el conjunto del año.

Los 650 funcionarios beneficiados con esta subida de sueldo están destinados en el Tribunal Superior de Justicia, la fiscalía, la Audiencia Provincial, los Juzgados de lo social, el Juzgado de menores, el Juzgados de vigilancia penitenciaria, los Juzgados de lo contencioso-administrativo, los Juzgados de lo penal, los servicios comunes y los juzgados de paz. Estos 650 funcionarios suponen aproximadamente la mitad de la plantilla de la Administración de Justicia.

Luis Pérez, de CSIF, indicó que esta sentencia supone un aviso a navegantes tanto para el Ministerio de Justicia como para el Principado de las consecuencias que trae «ningunear» a los sindicatos. Según CSIF, el Gobierno sigue sin sentarse a la mesa con los representantes de los trabajadores para negociar la puesta en marcha de la nueva oficina judicial. Y en cuanto a la Consejería de Justicia, añade el sindicato, otro tanto de lo mismo, ya que está dando pasos para implantar el control horario mediante un sistema biométrico (huella digital) sin que previamente se haya negociado con los sindicatos el calendario laboral de los funcionarios.